Condenaron a la dueña de un local nocturno de El Calafate por explotación sexual de nueve mujeres

El Tribunal Federal de Río Gallegos condenó a Marta Inés Galíndez y Álvaro Omar Santos por delitos vinculados a la explotación sexual de mujeres bajo la modalidad de trata de personas, mientras que dos de las acusadas fueron absueltas por falta de pruebas.

El caso salió a la luz en 2012, cuando mujeres denunciaron haber sido engañadas y trasladadas hasta el local nocturno “Las Vegas”, donde fueron obligadas a prostituirse. Según las pruebas reunidas durante años de investigación, Galíndez, dueña del prostíbulo, y Santos, encargado del mismo, se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de al menos nueve mujeres, quienes fueron captadas mediante falsas promesas de trabajo como “coperas”. Las víctimas fueron privadas de su libertad y controladas de cerca por los dueños del local, que lucraban a costa de su miseria.

La justicia decidió condenar a Marta Inés Galíndez a cinco años de prisión domiciliaria.  Álvaro Omar Santos, considerado un partícipe secundario en la explotación sexual, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso. Según el fallo, Santos no tenía el control absoluto de los hechos, sino que su rol se limitaba a tareas accesorias como realizar reparaciones y abastecer el local.

Sin embargo, no todos los implicados recibieron condenas. F. Lucero, acusada inicialmente de captar a una de las víctimas mediante engaños, fue sobreseída de manera definitiva. La Fiscalía consideró que su situación no era compatible con una participación consciente en los delitos de trata.

E. Mendoza, quien fue acusada de haber facilitado el traslado de las víctimas utilizando su tarjeta de débito, también fue absuelta. El peritaje caligráfico concluyó que la firma en los boletos de colectivo no coincidía con la suya, y las pruebas no fueron suficientes para sostener una condena en su contra.

El Tribunal, junto con la Fiscalía, destacó cómo la situación socioeconómica precaria de varias de las involucradas, como Lucero, pudo haber sido aprovechada por terceros para someterlas a condiciones laborales degradantes. La explotación sexual, agravada por el número de víctimas y el contexto en el que ocurrieron los hechos, refleja una problemática persistente en las regiones más alejadas del país, donde las redes de trata encuentran víctimas entre las personas más desprotegidas de la sociedad