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Una serie de procedimientos judiciales que se ejecutaron este miércoles en El Calafate pusieron al descubierto un estremecedor caso de acoso, violencia y hostigamiento sistemático contra un adolescente de tan solo 14 años. La situación, que se extendió durante meses y transformó la vida de la víctima y su familia en un auténtico calvario, derivó en la ejecución de cinco allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia provincial.
La reconstrucción del caso revela un patrón de conducta sumamente perversa que escaló de manera paulatina. Lo que comenzó meses atrás como intimidaciones verbales por parte de otros jóvenes, pronto mutó en un acoso incesante que combinó agresiones presenciales con violencia digital a través de grupos de WhatsApp. Las amenazas vertidas no se limitaron a simples discusiones o chicanas de época: incluyeron advertencias explícitas de golpizas, ataques de índole sexual e incluso de muerte, sembrando un clima de terror directo sobre el menor.
El impacto psicológico y emocional en la víctima fue devastador. Con el paso de las semanas, el adolescente comenzó a manifestar un miedo paralizante a concurrir al colegio y a realizar sus actividades cotidianas, al tiempo que su entorno familiar vivía bajo la angustia permanente de que las promesas de violencia se tradujeran en un ataque físico concreto en la vía pública.
Ante la gravedad de las denuncias presentadas por la familia, la Justicia adoptó inicialmente medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto hacia la víctima, notificación que fue entregada de manera formal al padre de uno de los involucrados. Sin embargo, ante la necesidad de profundizar la causa y recolectar pruebas determinantes sobre el origen y la logística del hostigamiento, se dispusieron los registros domiciliarios ejecutados durante la jornada del miércoles.
Los operativos fueron llevados a cabo por efectivos de la División De Investigaciones (DDI) de El Calafate, en un trabajo articulado con las Divisiones Comisarías Primera y Segunda y el Comando de Patrullas local. Como resultado de las inspecciones en los cinco inmuebles, la Policía logró el secuestro de armas blancas, teléfonos celulares y diversos dispositivos tecnológicos que serán sometidos a peritajes informáticos para establecer el grado de participación de los acusados.
Un dato impactante que sumó gravedad al cuadro fue el hallazgo de sustancias estupefacientes en una de las viviendas allanadas. Ante este descubrimiento, el personal interviniente dio rápida participación al Ministerio Público Fiscal Federal con asiento en Río Gallegos, abriendo un carril de investigación paralelo. Debido a que la causa principal involucra a menores de edad, las identidades de todos los implicados se mantienen bajo estricta reserva legal.
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