Clasificaron y trasladaron más de un centenar de armas secuestradas en Santa Cruz para su destrucción

En un operativo silencioso pero de enorme relevancia institucional, la Policía de Santa Cruz completó esta semana la clasificación, control y traslado de 114 armas de fuego secuestradas en el marco de causas judiciales tramitadas en El Calafate. El procedimiento, articulado entre distintas áreas de la fuerza provincial y organismos nacionales, forma parte del engranaje que busca reducir la circulación de armamento ilegal y garantizar su correcta disposición final.

La labor comenzó tras la recepción del material remitido por el Juzgado Penal y Juvenil N.º 1 de El Calafate, en el marco del dispositivo de seguridad del 20 de noviembre. Desde entonces, equipos técnicos de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la Dirección General de Policía en Función Judicial y la División Interrelaciones Policiales Zona Sur trabajaron intensamente en la clasificación y registración de cada pieza, un proceso clave para asegurar el control administrativo y legal que exige la normativa vigente.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la jornada del 25 de noviembre, las armas fueron sometidas a un riguroso inventario que incluyó su registro en el sistema del RENAR, tal como establece el artículo 7 de la Ley 25.938, que regula el manejo de armas y material controlado a nivel nacional. Cada arma fue verificada, documentada y etiquetada, garantizando así la trazabilidad necesaria antes de su traslado.

Finalmente, este miércoles 26 de noviembre se completó el ordenamiento y posterior envío del cargamento hacia instalaciones dependientes de la Dirección General de Logística. Desde allí, las armas serán puestas a disposición del BANMAC, el Banco Nacional de Materiales Controlados del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo encargado de supervisar su destrucción definitiva.

Este circuito, que va desde el secuestro judicial hasta la eliminación del material, forma parte de una política sostenida que busca evitar que armas involucradas en delitos o sin condiciones de seguridad vuelvan a circular en las calles. Para los especialistas, este tipo de procedimientos es clave en la prevención del delito y en el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad.

Dentro del material recibido también había armas pertenecientes a la dotación policial. Según se informó, fueron entregadas formalmente al personal de la Armería Policial para ser reasignadas conforme a las necesidades operativas de la fuerza. Este paso, además de obligatorio, permite garantizar que el equipamiento en uso cumpla con las condiciones indispensables de funcionamiento y legalidad.