Por pedido del fiscal federal Julio Zárate, el Juzgado Federal de Río Gallegos -a cargo del juez Marcelo Vázquez y con intervención de la secretaría a cargo de María Laura Lloret-, dio inicio el lunes pasado a la delimitación de las hectáreas ubicadas sobre el norte del Lago del Desierto, reservadas a favor de Gendarmería Nacional.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes judiciales consultadas, todo había comenzado tiempo atrás cuando el Jefe de Región VII de la Gendarmería Nacional radicó una denuncia ante la Fiscalía Federal de nuestra ciudad capital,  ante la posible comisión del delito de usurpación en el asiento que la fuerza posee en el margen norte del Lago del Desierto, en el flanco suoreste de la provincia.

El funcionario informó que los ocupantes buscaron instalar “domos geodésicos” a fines de explotar turísticamente la zona, que se encuentra a escasos metros de distancia de la planicie que la fuerza de seguridad utiliza como helipuerto.

En el mismo sentido, también expresó que la cercanía del domo al helipuerto no permitiría el aterrizaje de la aeronave y su utilización para tareas operativas en la zona, dado que ponía en peligro la vida de aquellas personas que se alojaran en esa construcción como también la seguridad operacional al momento del aterrizaje y el despegue.

A pesar de la advertencia del personal de la Gendarmería para que los ocupantes desistieran de la construcción, quien se asumía como propietario manifestó que era su territorio y no debía pedir autorización para construir. Dijo además tener una autorización del Consejo Agrario Provincial para realizar las instalaciones de los domos, aunque finalmente, ante las reiteradas advertencias, desistió de continuar con la construcción de la estructura que quedó semi armada en el lugar.

La medida judicial fue realizada con el apoyo de personal de la Dirección de Ingeniería Vial de la Administración General de Vialidad Provincial, cuyo personal técnico especializado trabajó con la colaboración de GNA, dado lo agreste y complejo del terreno.

En las actuaciones se comprobó que los imputados habían instalados domos, que incluso fueron ensamblados sobre el helipuerto del grupo de la fuerza nacional y que anularon su operatividad. Sobre las hectáreas en cuestión, el fiscal federal señaló que la Gendarmería viene ocupando la parcela desde el año 1966, la cual se encuentra a unos siete kilómetros del límite internacional -Paso Internacional “Portezuelo de la divisoria”- en donde se cumplen funciones migratorias, aduaneras, sanitarias, de defensa y de seguridad nacional.

En ese sentido, el fiscal solicitó el dictado de una medida cautelar -a la que el juzgado hizo lugar- para que  ordenara a los ocupantes que se abstuvieran de efectuar alguna construcción que altere la situación fáctica y de atentar contra el interés público, a fin de evitar la afectación de otros bienes jurídicamente protegidos

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