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Tras la veintena de allanamientos simultáneos desplegados en Río Gallegos, la villa turística de El Calafate y otros puntos de Buenos Aires, la magnitud de la estructura que se dedicaba al narcotráfico y lavado de activos comienza a tomar dimensión pública. En la antesala de las audiencias indagatorias, el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de la provincia, Daniel Barrientos, dialogó en exclusiva con LU12 AM680, revelando los pormenores de una pesquisa silenciosa de casi un año que logró desnudar el engranaje financiero y operativo de una organización criminal de peso regional.

Consultado respecto a en qué momento la Justicia Federal solicitó la colaboración de la cartera provincial ante la envergadura de los procedimientos, Barrientos fue tajante al clarificar la jerarquía de la intervención: “Es una investigación de narcotráfico que se inicia con Narcocriminalidad de Río Gallegos, de la Policía de Santa Cruz. La investigación no es que somos colaboradores, sino que somos parte de la investigación. Conjuntamente, el fiscal federal Julio Zárate convocó a la Prefectura Naval como parte de las fuerzas federales para que en distintas actividades y diligencias coordinara la Fiscalía Federal con la Unidad Especial de Delitos Complejos“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 10 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La arquitectura delictiva descubierta por los pesquisas combinó los métodos tradicionales de distribución territorial con las herramientas financieras de la era digital, permitiendo seguir la ruta del dinero desde el extremo sur hasta el norte argentino. Al respecto, el funcionario detalló cómo se entrelazaron las dos vertientes del caso: “De ahí surge una tarea de investigación de muchísimos meses de trabajo. Llegamos al análisis de que convergen dos investigaciones: una por narcotráfico a gran escala a nivel regional y otra causa que se abre viendo los movimientos y trazabilidad del dinero que se aportaba desde las cuentas detectadas a diversas personas en el norte del país. Esa trazabilidad es a través de dinero con el que hoy se compra la sustancia mediante pagos digitales o billeteras virtuales y bancarias, con lo que se pudo descubrir el sistema que utilizaba esta organización criminal para comprar la sustancia y luego distribuirla y comercializarla en nuestra provincia y ciudad“.

Uno de los autos siendo requisados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien el fiscal Julio Zárate había adelantado que la primera arista del expediente llevaba al menos once meses de sustanciación, el detonante que precipitó los operativos simultáneos de esta semana respondió a un movimiento imprevisto de uno de los cabecillas. Ante la consulta sobre cuál fue el punto cero de la pesquisa y qué disparó el despliegue inmediato, Barrientos explicó: “La investigación se desencadena la madrugada del lunes por una alerta de que se había movilizado uno de los investigados más importantes, quien había sacado un pasaje para Buenos Aires. Ahí se activó todo el sistema y el fiscal federal ordenó comenzar con la operación y desarticular la red. Se realizaron allanamientos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, donde se logró la detención de algunos de los investigados más importantes”.

Respecto al origen puntual de las actuaciones ocurridas hace casi un año, el titular de la Unidad de Coordinación mantuvo el estricto hermetismo que exige el secreto sumarial, aunque destacó la sinergia alcanzada entre las agencias estatales: “Fue una investigación compleja. No puedo revelar la situación. Sí es una investigación impulsada por nuestras unidades de narcocriminalidad y nuestro Ministerio de Seguridad, donde me tocó coordinar las unidades y responder a los requerimientos del fiscal federal  Julio Zárate, en un trabajo en equipo con Prefectura Naval y la colaboración de Gendarmería”.

Un agente de Prefectura Naval, custodiando uno de los domicilios. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Al ser interrogado sobre si efectivamente lograron detener a personas con fuerte influencia en el narcotráfico regional, Barrientos no dudó en dimensionar el golpe asestado: “Sí. No puedo dar el origen de quiénes son los principales autores de la banda, casi jefes de la organización. Es una red patagónica y hay desarticulación de toda una banda en otras provincias de la región producto de esta investigación. No estamos hablando de narcomenudeo; es narcotráfico. Hay una cantidad importantísima de sustancia secuestrada en la región y muchos detenidos. El fiscal federal profundizó la investigación sobre la red que operaba en la Patagonia y pudimos desarticular la banda”.

Sin embargo, el capítulo que mayor impacto político y social generó en la opinión pública argentina radica en la segunda pata de la investigación: el blanqueo de las ganancias ilícitas en el circuito económico formal, donde resonaron nombres de fuerte peso mediático en la historia reciente de Santa Cruz. Consultado sobre las detenciones vinculadas a esta maniobra financiera -que incluyeron la captura en el Aeroparque de la actual pareja del empresario Lázaro Báez y de allegados suyos-, el funcionario confirmó la trascendencia histórica del expediente: “El lavado de activos para la Policía de Santa Cruz y las áreas de investigaciones de la Superintendencia de Policía Judicial es histórico; es nuestra primera causa en la que participamos desde el origen. Tras el plazo de 72 horas que tiene el fiscal para las indagatorias y pruebas, se dará más información sobre el grado de importancia de esta red. Hay muchas evidencias y pruebas. No solo la pareja de Lázaro Báez, sino también colaboradores suyos están detenidos, y se hacía el lavado de activos comprando vehículos, propiedades y otros elementos para lavar el producto de la comercialización de estupefacientes”.

El fiscal federal de Río Gallegos Julio Zarate, hablando con La Opinión Austral. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La sofisticación de estas maniobras de blanqueo abrió inevitablemente el interrogante sobre la posible participación de profesionales matriculados, tales como contadores públicos o estudios jurídicos radicados en Río Gallegos, que pudieran haber prestado asesoramiento técnico para insertar el dinero negro en la economía legal. Sobre este punto sensible, Barrientos indicó que la lupa judicial continúa abierta: “Se están analizando distintas actividades y profesionales por parte de la Fiscalía Federal. Hay mucha reserva porque es una causa de alto impacto y todavía hay diligencias judiciales en proceso. Más adelante se irán develando nuevos actores o incorporando diligencias producto del análisis de la documentación secuestrada”.

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