La Justicia Federal volvió a allanar el centro de residuos de El Chaltén por sospechas de contaminación en el río Fitz Roy

En el marco de una causa penal que investiga un presunto delito ambiental de proporciones, la Justicia Federal ordenó un nuevo e intensivo allanamiento en las instalaciones del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de la pequeña localidad de El Chaltén. El operativo busca determinar el alcance real de la contaminación en la zona y evaluar el impacto sobre las cuencas hídricas que bordean el pueblo, con especial foco en la cercanía del río Fitz Roy.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona cordillerana, se pudo saber que el procedimiento se desplegó con la intervención de personal especializado de la División Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Río Gallegos. Las medidas fueron libradas por la Jueza Federal de Garantías, Mariel Borruto, a partir de una solicitud formal impulsada por el fiscal Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal de la capital provincial. Los uniformados montaron un exhaustivo relevamiento pericial sobre el predio ubicado en la Costanera Norte, que incluyó la recopilación de registros fotográficos, material audiovisual en alta resolución y la extracción de nuevos patrones de suelo, agua y líquidos no identificados hallados en el terreno.

En paralelo a las tareas técnicas en la planta de residuos, la jornada sumó un fuerte impacto político local. Efectivos de la fuerza de seguridad se presentaron en la vivienda particular del intendente Néstor Ticó para efectuar una notificación formal vinculada al avance de la causa judicial. La presencia de la patrulla en la residencia del jefe comunal generó sorpresa entre los vecinos y alimentó diversas versiones en la pequeña comunidad cordillerana, confirmándose más tarde que la diligencia estuvo directamente supeditada al expediente que investiga el funcionamiento del CARRI.

Antecedentes

El caso no es nuevo y acumula antecedentes preocupantes. Todo comenzó con un primer allanamiento realizado el pasado 13 de marzo, cuando los peritos judiciales detectaron gravísimas irregularidades en la gestión del predio.

En aquella oportunidad, los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de hidrocarburos, grasas y aceites tanto en el suelo natural como en muestras de agua. Las inspecciones oculares dejaron al descubierto un escenario desolador: tambores y recipientes con químicos abandonados a la intemperie, ausencia absoluta de membranas de impermeabilización o sistemas de contención de lixiviados, e incluso montículos de residuos enterrados y camuflados de manera precaria con ramas a escasa distancia de la ribera.

Esta nueva irrupción policial ocurre a dos semanas de que la Justicia Federal asestara un duro golpe a la administración municipal al dictar una medida cautelar de restricción operativa por 90 días. Aquella resolución prohibió de forma tajante el enterramiento, la quema o cualquier modalidad de disposición final de basura dentro del CARRI, acotando su funcionamiento únicamente a las tareas de acopio, clasificación, compactación y despacho de residuos inorgánicos secos y limpios hacia centros de tratamiento habilitados.

Asimismo, el dictamen judicial había intimado al municipio a cercar, señalizar y sanear de inmediato las áreas críticas donde reposan sustancias potencialmente nocivas para la salud pública.

Con este nuevo muestreo, la fiscalía pretende ajustar los márgenes de precisión del daño ambiental: determinar la concentración exacta de los contaminantes, su mapa de dispersión subterránea y el grado de penetración en las napas que alimentan al río. Los resultados de los laboratorios periciales resultarán determinantes para confirmar la hipótesis penal del Ministerio Público Fiscal y definir eventuales imputaciones hacia los responsables de la gestión municipal.