La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo hoy que "sigue de cerca" el proceso de selección del Fiscal General de Colombia, el cual volvió a quedar trunco la semana pasada luego de que ninguno de los propuestos por el presidente Gustavo Petro lograra los votos de la corte suprema para su designación, y pidió que ese nombramiento se realice "sin interferencias".
"Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023 (…) Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024", señaló la CIDH en un comunicado.
En el texto, difundido a través de su sitio web, la CIDH destacó que la presidencia colombiana había cumplido el 2 de agosto con el "envío oportuno" de una terna "integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo", reforzando así la idea de que las demoras no estuvieron del lado del Ejecutivo.
La CIDH advirtió que la ausencia de un titular en la fiscalía general y la designación de personas "interinas" puede afectar a su "independencia y autonomía".
La entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estimó que "según los estándares internacionales" de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse "con transparencia y acceso a la información" y debe ser "libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas".
En esa línea, alentó al máximo tribunal de Justicia "a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible".
Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso "culmine sin interferencias".
El organismo también se refirió al proceso de movilizaciones convocadas por Petro para exigir a la Corte Suprema de Colombia que designe a un sucesor del saliente fiscal, Francisco Barbosa, a quien el presidente acusó de querer derrocarlo.
La CIDH señaló que "el 8 de febrero se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado"
La Corte Suprema denunció ese día un "bloqueo violento e ilegal" a su sede principal por parte de cientos de manifestantes que respondieron al llamado del presidente.
Sin embargo, la CIDH aseguró hoy que "ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas" y comentó que "la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones (judiciales), sin que se presentaran anomalías".
Sindicalistas, estudiantes e indígenas respondieron a la convocatoria de Petro para manifestarse en las principales ciudades del país, mientras los magistrados sostenían una reunión infructuosa en Bogotá para elegir al fiscal general en medio de un fuerte operativo policial.
Las marchas de ese día fueron pacíficas durante la mañana, pero la situación escaló al mediodía, cuando el presidente del alto tribunal anunció que ninguna de las candidatas consiguió los 16 votos necesarios para asumir el cargo.
La falta de consenso favorece a la vicefiscal general Martha Mancera, quien está llamada a suceder a Barbosa, su actual jefe, una vez este finalice su periodo el 12 febrero y hasta que los magistrados elijan a un nuevo titular.
El tribunal no tiene un plazo máximo para designar al fiscal general y puede rechazar la terna del Ejecutivo. En el pasado, los magistrados han llegado a dilatar la decisión hasta el cambio de gobierno.
El fin de semana anterior, Petro acusó al fiscal Barbosa de querer derrocarlo a través de una investigación a las donaciones que hizo a su campaña un sindicato de trabajadores, presuntamente violando los topes establecidos por la ley.
El domingo 4, la prensa local reveló un informe de inteligencia que implica a Mancera, mano derecha de Barbosa, en una trama para encubrir a un funcionario de la Fiscalía que presuntamente colaboraba con narcotraficantes.
En enero, la Fiscalía imputó cargos por lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente. (Télam)

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