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El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado en secreto una directiva para que el Pentágono utilice las Fuerzas Armadas contra determinados cárteles de la droga en América Latina, a los que su gobierno ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. La orden marca la mayor escalada militar hasta la fecha en la ofensiva de la Casa Blanca contra el narcotráfico.
Según fuentes cercanas al asunto, la medida permitirá al ejército realizar operaciones directas en el mar e incluso en territorio extranjero contra cárteles de México y Venezuela, como parte de una estrategia para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
Doble recompensa por Nicolás Maduro
En paralelo, los Departamentos de Justicia y Estado anunciaron que Washington duplicó la recompensa por información que lleve a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, imputado por narcotráfico, pasando de 25 a 50 millones de dólares.
Hace dos semanas, el gobierno de Trump incluyó al Cartel de los Soles venezolano en una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, y afirmó que el cartel está dirigido por Maduro, y otros altos cargos de su gobierno.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicaba la recompensa —hasta 50 millones de dólares— por información que condujera a la detención de Maduro, quien ha sido imputado por cargos de narcotráfico.
La fiscala general Pam Bondi afirmó que Maduro “no escapará a la justicia” y que deberá “rendir cuentas por sus despreciables crímenes”. El Departamento del Tesoro también lo ha vinculado con el apoyo a otros grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó al Departamento de Estado clasificar a varias bandas y cárteles como organizaciones terroristas. Entre ellos figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua y el propio Cártel de los Soles. Según la administración, estas estructuras representan “una amenaza para la seguridad nacional más allá de la delincuencia organizada tradicional”.
El senador y asesor de seguridad nacional Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe “tratar a estos grupos como organizaciones terroristas armadas” para poder desplegar todos los recursos militares e inteligencia disponibles.
Implicaciones internacionales
La nueva directiva plantea un cambio radical respecto a la cooperación tradicional antidroga, que históricamente se limitaba a apoyo logístico e inteligencia. El uso de la fuerza letal fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría generar controversia legal e incluso tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
Expertos como el almirante retirado James E. McPherson advierten que atacar en territorio extranjero sin consentimiento sería “una grave violación del derecho internacional”, salvo excepciones muy limitadas. Por su parte, el especialista en leyes de guerra Brian Finucane señaló que matar a presuntos miembros de cárteles fuera de combate podría entrar en conflicto con leyes contra el homicidio y una orden ejecutiva que prohíbe asesinatos selectivos.
Intensificación de la vigilancia y cooperación encubierta
En los últimos meses, EE. UU. ha incrementado vuelos de vigilancia en la frontera con México y ha utilizado drones para ubicar laboratorios de fentanilo, un programa iniciado bajo Joe Biden y ampliado por Trump. La CIA, aunque no autorizada para realizar ataques letales, comparte la información con autoridades mexicanas.
En abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera operaciones militares estadounidenses contra cárteles dentro de su territorio, pero la mandataria rechazó la oferta.
Un precedente polémico
El uso directo del ejército en operaciones antidroga recuerda precedentes como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, o las misiones de apoyo a Colombia y Perú en la década de 1990. Sin embargo, la orden actual va más allá, al abrir la puerta a capturas y posibles enfrentamientos armados con miembros de cárteles designados como terroristas.
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