Allanaron una vivienda en Gobernador Gregores por material de abuso sexual infantil

Un operativo policial de alta sensibilidad institucional quebró la tranquilidad de Gobernador Gregores durante la jornada del viernes. En el marco de una severa investigación articulada por la Justicia provincial por la presunta infracción al Artículo 128 del Código Penal Argentino -que sanciona la producción, distribución, comercialización y tenencia de material de abuso sexual infantil-, la Policía de Santa Cruz ejecutó una orden de allanamiento que culminó con el secuestro de un importante parque tecnológico y dos personas puestas formalmente a disposición del juzgado interviniente.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad con asiento en Isla Pavón (Comandante Luis Piedra Buena), cuyos efectivos se trasladaron hasta la zona centro del territorio santacruceño para dar cumplimiento a la medida judicial dictada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con sede en Puerto Santa Cruz. El trabajo de inteligencia previa permitió precisar el domicilio exacto en Gobernador Gregores donde presuntamente se triangulaba o acopiaba el material audiovisual ilícito.

Al irrumpir en la finca objeto del mandamiento judicial, los especialistas en ciberdelito desplegaron un minucioso registro de las dependencias, enfocando la búsqueda en soportes digitales capaces de almacenar contenido multimedia. Como resultado de la requisa, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de varios teléfonos celulares de última generación, computadoras portátiles tipo netbook, relojes inteligentes (smartwatches) y diversas unidades de almacenamiento masivo, entre las que se encuentran discos rígidos externos, memorias informáticas y pendrives.

El destino de los elementos incautados será la pericia tecnológica forense, un paso clave dentro del proceso penal. Los peritos informáticos buscarán extraer y analizar metadatos, registros de descargas, conexiones a redes P2P o plataformas de mensajería para trazar la ruta de los archivos y determinar si la vivienda funcionaba únicamente como punto de almacenamiento o si formaba parte de una red de distribución de mayor escala.

A raíz del resultado del procedimiento operativo, dos personas mayores de edad que se encontraban en el inmueble fueron trasladadas a la sede policial para ser identificadas y notificadas de la causa en su contra. Por disposición de la sede judicial de Puerto Santa Cruz, ambas personas establecieron domicilio legal, quedando formalmente supeditadas a los requerimientos de la investigación mientras se aguarda el resultado del análisis informático.