Iba de San Julián a Gobernador Gregores con varios envoltorios de droga y lo condenaron

Un caso judicial que generó expectativa en Santa Cruz concluyó la semana pasada en el Tribunal Oral Federal, donde LD Pereda, un emprendedor de 35 años de Puerto San Julián, fue condenado a un año de prisión en suspenso y una multa de 200 pesos por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La sentencia marca un giro significativo, ya que Pereda inicialmente enfrentaba la grave acusación de tenencia con fines de comercialización.
Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio que llevó a Pereda ante la justicia ocurrió el 3 de octubre de 2022, cuando su Toyota Corolla fue interceptado en un control en el kilómetro 2.340 de la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del Puente Río Chico.

Tras admitir que no llevaba su licencia ni DNI, la intervención de la perra antinarcóticos “Elly” fue crucial: el can reaccionó positivamente en el vehículo, llevando al hallazgo de un porro y una riñonera con siete envoltorios de marihuana. El peso total de la sustancia incautada ascendió a 23,60 gramos.

Según pudo saber este diario, la acusación inicial de la Fiscalía se basó, en gran parte, en una pericia telefónica realizada sobre el celular de Pereda. En este dispositivo, se encontraron conversaciones de WhatsApp que sugerían la oferta de estupefacientes. Diálogos con contactos como “Tiago“, “Danielito Mendieta“, “Juanmacrack” y “Maura” incluían frases sobre “paquetes de flores” para vender o “armados” para entrega. Incluso, la última de estas conversaciones se registró el mismo día de su detención.
Sin embargo, el caso dio un vuelco procesal el 20 de agosto de 2025, cuando las partes acordaron un juicio abreviado. La fiscal general subrogante Patricia Kloster, reformó la acusación a tenencia simple de estupefacientes, argumentando que los mensajes constituían “indicios anfibológicos”.

Esto significa que existía un “elevado grado de duda” sobre la posibilidad de probar fehacientemente que la intención de Pereda fuera la comercialización de la droga.
El Tribunal, en su sentencia, coincidió con este análisis, remarcando que la prueba no alcanzaba el grado de certeza necesario para condenar por tráfico. Como resultado, Pereda fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y la multa de $200. Deberá cumplir con reglas de conducta por un año, que incluyen fijar residencia, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, presentarse mensualmente ante Prefectura Naval en Puerto San Julián, y no cometer nuevos delitos.