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El abogado Alberto Luciani, querella en el caso por el homicidio de Gimena Extremador, compartió un comunnicado con La Opinión Austral, donde le exige nuevamente al Poder Judicial de Santa Cruz que formalice una fecha para el juicio oral y público por el homicidio calificado de Gimena Extremador, hecho que califica como “el homicidio más brutal contra una mujer de los últimos años en la provincia“.
Pese al tiempo transcurrido -el crimen ocurrió el 17 de noviembre del 2023, la familia aún no cuenta con una fecha para el debate. El profesional indicó que, más allá de la designación de nuevos jueces y funcionarios, se requiere mayor gestión para evitar demoras que no son imputables a las partes, sino al propio sistema judicial.
Cabe recordar que la joven madre de 29 años fue hallada sin vida en una zona descampada del barrio El Calafate por un vecino que se iba a trabajar. El cuerpo se encontraba semidesnudo, tenía 32 puñaladas y una jauría de perros estaba comiendo los restos.
Por el hecho se encuentra detenido el expastor de la iglesia evangelica Nelson Ezequiel Saldivia, de 46 años. Fue demorado cuando salía de su domicilio con dos bolsos en las manos, que estaban llenos de ropa y pertenencias suyas, tras el hallazgo del cuerpo.
Caso Sayago: 20 años sin resolución
En un segundo planteo, Luciani se refirió a la causa por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida durante una masiva protesta popular en la ciudad de Las Heras los días 6 y 7 de febrero de 2006. En este caso, el abogado actúa como defensa de Víctor Darío Catrihuala, José Rosales, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach.
Reclamó su resolución definitiva, señalando que pese a los reiterados pedidos de la defensa para que se declare la extinción de la penal por prescripción, el caso continúa sin definición, violándose el derecho humano a un plazo razonable. Remarcó que la causa se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia desde el año 2014 sin avances.
Asimismo, calificó los hechos como la causa penal más importante en la historia de Santa Cruz, que derivaron en la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo, y exigió la absolución de Catrihuala, Rosales, los Aguilar y Bach. Recordó que el proceso fue señalado como arbitrario, injusto y plagado de irregularidades, con torturas y violaciones de derechos humanos comprobadas.
Finalmente, citó el respaldo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien manifestó que quedó demostrada la inocencia de los trabajadores, y del historiador Osvaldo Bayer, que calificó el caso como una de las mayores injusticias históricas del país.
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