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La Justicia de Caleta Olivia confirmó que la pena contra el oficial Ricardo Ángel Alvarado quedó firme. Tras permanecer libre desde el juicio de 2015, el expolicía irá a la cárcel por omitir frenar la brutal tortura que terminó con la vida de Jonathan Gorosito, un joven entrerriano en Las Heras.
Quince años después de la noche en que la Seccional Primera de Las Heras se convirtió en el trágico escenario de un severo episodio de violencia institucional, la Justicia de Santa Cruz dio el paso definitivo para cerrar el círculo de la impunidad. Este miércoles 7 de octubre de 2026, la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó la inmediata detención del oficial Ricardo Ángel Alvarado, cuya condena a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo adquirió firmeza tras agotarse todas las instancias de apelación.
La medida fue rubricada por el presidente del tribunal caletense, Mario A. Albarrán, en el marco de los autos caratulados “ALVARADO, RICARDO ANGEL S/ INC. DE EJECUCIÓN” (Expte. N° 3385/12 A), con la intervención de la Secretaría de Ejecución de Sentencias desempeñada por la Dra. Valeria Almonacid Saavedra. Mediante un oficio dirigido a la Dirección General Zona Norte de la Policía provincial, se dispuso la captura en carácter de comunicado del exefectivo, nacido en Río Gallegos y con último domicilio en el Barrio 54 Viviendas de la localidad de Las Heras.
El camino para arribar a este desenlace demandó un dilatado derrotero de recursos legales. En 2015, el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Olivera, Cristina de Los Ángeles Lembeye y Jorge Omar Alonso había emitido un fallo ejemplar que desarticuló de manera categórica la versión oficial del supuesto suicidio por ahorcamiento que la fuerza pretendió sostener.
En aquel debate oral, la Justicia halló al agente Ismael Salas autor de tortura seguida de muerte (condenándolo a prisión perpetua) y al cabo Carlos Humberto Velázquez responsable de tortura (sancionándolo con 16 años de cárcel), disponiendo el encarcelamiento inmediato de ambos en la alcaidía de Pico Truncado.
Sin embargo, la situación del oficial Ricardo Ángel Alvarado tuvo un trámite diferente. Si bien recibió una pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de omisión funcional -al determinarse que en su rol de superior o funcionario a cargo omitió evitar la paliza brutal que perpetraron sus subalternos-, el tribunal le había permitido mantener la libertad ambulatoria sujeta a pautas de conducta mientras la sentencia no estuviera firme.
Con la resolución dictada en la jornada de este miércoles, la condena adquirió ejecutoriedad plena y se ordenó su pase a la órbita penitenciaria.
Los hechos
El origen de esta dolorosa causa se remonta a las primeras horas del 22 de julio de 2011 en la ciudad petrolera de Las Heras. Jonathan Gorosito, un joven de apenas 20 años oriundo de la provincia de Entre Ríos, caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por una patrulla bajo el pretexto de una “actitud sospechosa”.
Tras un intercambio verbal con los uniformados, el muchacho fue trasladado e ingresado a un calabozo de la Seccional Primera cerca de las cuatro de la mañana. Lejos de quedar bajo resguardo, la celda se transformó en una trampa mortal donde fue víctima de una golpiza feroz y sistemática que le costó la vida, coartada que pretendió ser encubierta por la propia guardia policial hasta que las pericias forenses acreditaron la verdad de lo sucedido.
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