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En una madrugada de noviembre de 2018, lo que parecía ser un trámite de rutina en la Patagonia terminó revelando una de las maniobras de contrabando más comentadas de los últimos años en el sur argentino. MS Falconi, un chofer mendocino de 47 años radicado en Río Gallegos, se presentó a las 0:50 horas en el Paso Integración Austral, el punto neurálgico que une Santa Cruz con Chile. Al mando de un imponente camión Volvo, Falconi traía consigo una carga legal de preformas de PET desde Ushuaia, pero detrás de la cortina de su cabina se escondía un “tesoro” que nunca llegó a destino.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento, que culminó con una sentencia firme el pasado 21 de mayo de 2026, se inició gracias a la perspicacia de los agentes de la AFIP-DGA. Según consta en el expediente, un agente solicitó inspeccionar la cabina del vehículo tras el control exterior. Fue allí cuando un detalle disparó las alarmas: una cortina separaba el habitáculo de conducción del sector destinado al dormitorio y estaba herméticamente cerrada.
Ante el requerimiento del oficial, Falconi abrió la cortina apenas un centímetro, en un intento por disimular lo que era evidente. Sin embargo, la insistencia de la autoridad no le dejó margen de maniobra. Al descorrerse el velo, aparecieron decenas de cajas. En ese instante, entre el frío de la frontera y la presión del control, el propio chofer terminó por admitir su falta: “Son celulares“, confesó ante los testigos.
Un recuento millonario
Lo que los agentes encontraron fue un verdadero depósito móvil. El inventario detalló un arsenal de 610 teléfonos celulares de marcas líderes como Samsung (modelos J7 Pro, J7 Neo, J1 y J2 Prime), Nokia, Motorola y LG. Pero el contrabando no terminaba en los chips y las pantallas táctiles: también se hallaron cajas de luces LED de diversos tipos y, en un detalle que parece sacado de una tragicomedia local, tres cajas con 18 botellas de fernet de una reconocida marca.
La tasación oficial de la mercadería arrojó una cifra que, para la época del hecho, era astronómica: $5.469.039,02. Este valor fue el que terminó de sepultar cualquier intento de defensa liviana, ya que al superar los tres millones de pesos, la figura legal se encuadró automáticamente como contrabando agravado.
La decisión
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, bajo la firma del juez Enrique Nicolás Baronetto, ratificó un acuerdo de juicio abreviado en el que Falconi reconoció su responsabilidad. La condena impuesta fue de tres años de prisión en suspenso, lo que significa que el chofer no irá a la cárcel efectiva siempre y cuando cumpla con reglas de conducta estrictas, como fijar domicilio y presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.
Sin embargo, el castigo económico y profesional es contundente. El fallo ordenó el comiso total de la mercadería (que pasará a disposición de la Aduana), la inhabilitación especial para ejercer el comercio por el tiempo de la condena y una inhabilitación de seis años para desempeñarse como funcionario público.
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