Contrabandeaban cigarrillos a Chile y ocho personas quedaron con prisión preventiva

Un operativo binacional permitió desbaratar a una poderosa organización dedicada al contrabando de cigarrillos y al lavado de activos. En el marco de la llamada “Operación Zares del Contrabando”, la justicia chilena ordenó la prisión preventiva de ocho personas y el arresto domiciliario de otras cinco, luego de una extensa audiencia realizada a puertas cerradas en Punta Arenas. El caso sacude a la región y expone la magnitud de un delito que no solo afecta a la economía formal, sino que también golpea de lleno a la salud pública.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la investigación, que se extendió por casi un año, fue el resultado del trabajo conjunto de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de la Fiscalía local. Según trascendió, la organización criminal ingresaba a territorio chileno miles de cajetillas de cigarrillos provenientes de la Argentina, valiéndose de una aceitada logística que incluía camiones para el traslado a gran escala y vehículos menores para la distribución en comercios de la zona.

El fiscal Sebastián González Morales, a cargo de la causa, solicitó que la audiencia se realizara en carácter de “reservada” debido a que, además del contrabando, se investigan maniobras de lavado de dinero. El juez Franco Reyes hizo lugar al pedido y dispuso que se debatiera a puertas cerradas, sin acceso a la prensa ni al público. La jornada judicial comenzó el miércoles a las 11 de la mañana y recién concluyó a las 3 de la madrugada del jueves, con la definición de las medidas cautelares.

Del total de 15 detenidos, 13 fueron formalizados: ocho quedaron en prisión preventiva, dos bajo arresto domiciliario total y tres con arresto domiciliario nocturno. Por orden del tribunal, las identidades de los imputados no se dieron a conocer.

El volumen del contrabando sorprende por su magnitud. Se estima que la red introdujo más de 100 mil cajetillas de cigarrillos al mercado ilegal chileno, lo que representó una evasión fiscal superior a los 35 millones de pesos chilenos. A ello se suma el impacto en la salud pública, ya que estos productos, al no contar con controles sanitarios ni fiscales, se comercializan sin ningún tipo de regulación.

Las pesquisas revelaron que los cigarrillos ingresaban desde distintos puntos de la frontera argentina hacia la región de Magallanes. Una vez en Chile, eran distribuidos en locales comerciales y puntos de venta informales, alimentando un circuito clandestino que crecía a la par de la inflación en los precios de los productos legales.

El fiscal González destacó la importancia de la coordinación entre organismos y la magnitud del golpe a la estructura criminal: “Estamos frente a una organización que actuaba con roles definidos, recursos logísticos importantes y conexiones en ambos lados de la frontera. La investigación permitió no solo detener a sus integrantes, sino también desarticular un mecanismo que venía operando hace tiempo”.