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El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó suspender de forma excepcional el Artículo 10° de la Resolución Nro. 7/2018 para la zafra 2025, habilitando un aumento del 100% en los cupos de captura de langostino. La medida busca reactivar la actividad y salvar los porcentajes de captura en jaque por el conflicto gremial que paralizó la actividad por casi 50 días.
La medida fue impulsada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, que fundamentó la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso a los beneficios establecidos en dicho artículo, originalmente pensado para situaciones de normalidad operativa.
La moción fue presentada bajo el argumento de la demora del inicio de la actual zafra, atribuida a razones de público conocimiento que han afectado el despacho de la flota, generando un fuerte impacto socioeconómico en las regiones dependientes de esta actividad.
La propuesta contempla un aumento del 100% en los cupos de captura de langostino para todas las jurisdicciones, aplicable desde el momento de su aprobación y con vigencia exclusiva para la temporada en curso.
Sin impacto biológico
Para adoptar esta medida, previamente el CFT consultó al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El organismo consideró que no se espera un impacto biológico negativo significativo, siempre que se mantenga el carácter excepcional y transitorio de la disposición. A través de la Nota DNI N° 97/25, el INIDEP indicó que continuará monitoreando de cerca los indicadores biológicos y pesqueros para garantizar la sostenibilidad del recurso langostino (Pleoticus muelleri).
Durante la misma sesión del Consejo, también se avanzó en modificaciones al artículo 2° del Anexo I de la Resolución CFP N° 7/2018, relacionadas con la compensación a las provincias de Chubut y Santa Cruz por el compromiso asumido de mantener vedas en áreas clave del Golfo San Jorge, lo que refuerza el enfoque de manejo responsable y coordinado del recurso.
Quitar un obstáculo
La temporada comenzó con un retraso sin precedentes, producto de un prolongado conflicto gremial y de las demoras en los acuerdos con el sector armador. Como consecuencia, numerosos buques permanecieron amarrados, sin posibilidad de operar, lo que generó un fuerte impacto económico y puso en riesgo miles de puestos de trabajo tanto embarcados como en tierra con un impacto aún no cuantificado.
El cumplimiento estricto del artículo 10° —que regula el incremento de autorizaciones de captura en función de requisitos administrativos y operativos— se había convertido en un obstáculo adicional para destrabar la situación.
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