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En la presentación institucional Plan de Viviendas “Habitar Santa Cruz”, que contempla la licitación de 620 unidades modulares financiada íntegramente con recursos propios del Gobierno de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal habló del conflcito con la operadora metalífera de Cerro Negro, Newmont.
Se recuerda que el Ministerio de Trabajo de la provincia concretó inspecciones con apoyo policial, dictó ceses de tareas por faltas graves en seguridad e higiene y no descartó la clausura del yacimiento.
Ante la consulta de La Opinión Austral sobre cómo sigue el diálogo entre Provincia y la operadora, explicó que “la prioridad es defender a nuestros trabajadores. Resguardar la integridad física de nuestros trabajadores, generar mano de obra local y cuidado del medio ambiente“, afirmó Claudio Vidal.
Al ser repreguntado por el equilibrio entre el incentivo al desarrollo productivo y el rol de fiscalización que ejerce la provincia sobre las multinacionales, el mandatario recordó su trayectoria gremial y defendió las actuaciones de las áreas de control.
“Nosotros somos proactividad. Yo soy una persona que viene del sector privado, del sector extractivo, apoya y acompaña todo proyecto productivo, pero con cuidado, ojo, primero los trabajadores. Nosotros veníamos escuchando hace mucho tiempo el reclamo de los trabajadores a través de los distintos gremios. Lo único que hicimos como autoridad de aplicación, ingresar al lugar y controlar lo que tenemos que controlar, nada más y nada menos”, sostuvo.
Por último, el gobernador respondió a los cuestionamientos políticos surgidos tras las inspecciones en la minera de capitales norteamericanos.
“Después que algunos actores de la política quieran hacer, la verdad, un circo de esto, a mí me da lo mismo. Yo primero como trabajador defiendo a los demás trabajadores, así que nada, nada más que agregar, voy a seguir trabajando, un día largo”, concluyó Claudio Vidal.
El conflicto en Cerro Negro escaló luego de que la Secretaría de Trabajo de la provincia detectara infracciones en materia de seguridad laboral, seguridad operacional e higiene dentro del yacimiento operado por Newmont. El operativo multisectorial derivó en seis cese de tareas parciales, la intervención de la fuerza pública para asegurar las verificaciones y la advertencia oficial de una eventual suspensión general de las operaciones.
Frente a la magnitud de los hallazgos y el despliegue del Gobierno provincial, la compañía Newmont optó por frenar la operación en el yacimiento y retirar a parte de su personal. La decisión generó una rápida reacción de los gremios mineros y de la cadena de valor, como AOMA, ASIMRA, Camioneros y UPSAP, los cuales respaldaron los controles estatales y se declararon en estado de alerta ante la incertidumbre sobre la continuidad operativa.
Las actuaciones provinciales abrieron una etapa de alta expectativa política y empresarial, con gestiones que alcanzaron a las cámaras del sector minero y a despachos del Gobierno nacional. El Ministerio de Trabajo fijó instancias de verificación de las correcciones exigidas a la minera, mientras las partes evalúan los canales de diálogo para definir el futuro de la actividad en Cerro Negro.
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