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El Poder Ejecutivo Provincial ingresó a Diputados de Santa Cruz el proyecto de ley N° 257/2026 para tomar deuda por USD 600 millones, bajo los términos de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917.
La Opinión Austral desarrolla los aspectos centrales de la iniciativa que busca cambiar la realidad de los santacruceños. El financiamiento se destinará a cubrir gastos de capital, obra pública y reestructurar pasivos en un contexto de fuerte caída de recursos.
A través de esta iniciativa, el gobernador Claudio Vidal solicitó autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta “USD 600 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas”.
Los fondos se desembolsarán en el presente ejercicio fiscal y los subsiguientes. El objetivo es “financiar de forma parcial o total la ejecución de gastos de capital y programas de desarrollo, así como también atender la administración y cancelación de deudas asumidas con anterioridad”.
Se especificaron las pautas financieras bajo las cuales el Ministerio de Economía, podrá negociar estas herramientas de crédito. El endeudamiento podrá instrumentarse bajo la “emisión de títulos de deuda, la adquisición o recompra de bonos en mercados locales o internacionales o la celebración de convenios con organismos multilaterales de crédito o el Estado Nacional“.
Devolución
Establece un “plazo máximo de amortización de hasta 15 años” y las “tasas de interés podrán ser fijas, variables o mixtas, debiendo ajustarse a los rangos promedio del mercado financiero” para operaciones similares.
El Ejecutivo propuso prorrogar la “jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y someterse a sus leyes, renunciando a la defensa de inmunidad soberana”, un requisito técnico habitual para captar inversores institucionales.
Para asegurar el cumplimiento de los pagos, Provincia utilizará sus principales fortalezas económicas como garantía. El proyecto autoriza a “afectar o ceder los derechos sobre las sumas a percibir en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos“.
Además, Santa Cruz pondrá sobre la mesa un activo estratégico clave constituido por las regalías hidrocarburíferas y mineras, netas de la coparticipación que por ley les corresponde a los municipios y comisiones de fomento.
Al tratarse de ingresos vinculados por naturaleza al dólar, el informe técnico destaca que servirán como una herramienta para “mitigar el riesgo cambiario y asegurar una ratio de cobertura a los servicios financieros proyectados”.
Fundamentos
El Presupuesto General de la Administración Provincial para este ejercicio 2026, aprobado por la Ley N.º 3987, identifica una necesidad bruta de financiamiento de $ 356.812 millones, cifra que equivale al resultado financiero deficitario consolidado del Sector Público Provincial.
Se explica por el desbalance de las Instituciones de Seguridad Social, cuyo rojo estimado asciende a $ 335.988 millones.
El equipo del Ministerio de Economía en Diputados. FOTO: CÁMARA DE DIPUTADOS
A este factor se le suman la caída sostenida de las transferencias automáticas nacionales en términos reales, que registraron una contracción de entre el -9% y el -11% durante el primer trimestre de 2026, y la merma de las regalías hidrocarburíferas a partir del retiro de YPF de los yacimientos provinciales.
Frente a este escenario, el área de Hacienda evaluó alternativas tanto en pesos, mediante Letras del Tesoro o Bonos a tasa fija, BADLAR o TAMAR, como en moneda extranjera.
El dictamen concluyó que, si bien un bono en dólares con una tasa nominal anual del 9,50% presenta un costo financiero nominal menor que un instrumento equivalente en pesos a tasa TAMAR más 7,5 puntos básicos, introduce un riesgo cambiario estructural debido a que más del 80% de los ingresos de Santa Cruz se perciben en moneda local.
La iniciativa se ampara en la Constitución Provincial pero deberá ser aprobada por Diputados.
La Constitución también prohíbe aplicar estos fondos a un destino diferente del aprobado, lo que en este caso reorienta los recursos exclusivamente a infraestructura y administración de pasivos, excluyendo los gastos de consumo corriente bajo responsabilidad legal de las autoridades.
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