Diputada Agustina Propato presentó un proyecto para que el Congreso de la Nación cree una comisión bicameral que se ocupe de la causa Malvinas

El avance del proyecto offshore en la Cuenca Malvinas Norte por parte de las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se posicionó en el centro del debate público sobre la soberanía en el Atlántico Sur. El gobierno ilegítimo de las islas otorgó licencias hidrocarburíferas ilegales que proyectan extraer 55.000 barriles diarios a partir de 2028, desafiando de forma directa las resoluciones 2065 y 3149 de las Naciones Unidas.

LU12 AM680 entrevistó a la diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Agustina Propato, quien explicó los alcances del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados para crear una comisión bicameral permanente que aborde de manera continua la causa Malvinas. Asimismo, la legisladora detalló los mecanismos operativos de sanción previstos por la Ley 26.659 y denunció la inacción de la Cancillería frente al avance de la militarización británica y el saqueo de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina.

Proyecto legislativo

La Opinión Austral: Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para frenar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, ¿cómo se puede trabajar desde el Congreso para poner un freno?

Agustina Propato: Hace casi cinco años estoy en el Congreso a cargo de la vicepresidencia de la Comisión de Defensa Nacional. Además soy malvinera, la agenda malvinera es algo que venimos trabajando permanentemente. No solamente en esta coyuntura, denunciando la licencia ilegal a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum. Son dos empresas, una de origen británico y otra de origen israelí, que obtuvieron licencias para explotar en la plataforma continental argentina, en Malvinas. La Resolución 2065 de Naciones Unidas y la Resolución 3149, ambas vigentes y suscriptas por los países, prohíben acciones unilaterales y de explotación de recursos en ese territorio; por lo tanto, son absolutamente ilegales.

Más allá de lo que conocemos y esperamos como gesto de la Cancillería en representación de Argentina para denunciar esta situación, la pregunta es qué medios operativos hay en la Argentina para accionar y hacer cesar el accionar de estas empresas. Tienen previsto desarrollar una infraestructura offshore muy importante para instalarse de acá al 2028, momento en el que empezaría la explotación de esos pozos petroleros marítimos.

En Argentina está la Ley 26.659, que regula la explotación y exploración de hidrocarburos. Existieron antecedentes de aplicación operativa ante intentos de ejecutar licencias ilegales en Malvinas.

Este Gobierno, con una conducta de concesiones y de cesión de soberanía, no la ha puesto en juego. No se trata solo de las expresiones de Javier Milei en vísperas del Día de los Caídos, cuando trajo a David Cameron o cuando viajó a Tierra del Fuego a cantar el himno de ellos y a anunciar que va a favorecer la construcción de la base logística. Conjuntamente con estas cuestiones, tenemos a la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, en torno a quien se conoce la llamada “doctrina Plaza”, marcada por permanentes concesiones de este tenor, dejando pasar estos hechos sin asumir una posición firme desde la Argentina para evitar que sucedan.

Presenté este proyecto, al igual que lo han hecho algunos otros espacios políticos, excepto La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos, que dejan pasar el tema Malvinas. Lo que también hemos presentado, considerando que Malvinas es un tema de unidad nacional que debe superar diferencias partidarias y coyunturas electorales, es un proyecto en la Cámara de Diputados para crear una comisión bicameral entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La propuesta es que tenga una constitución plural desde el punto de vista político, posea carácter permanente y se ocupe de la causa Malvinas de manera continua.

Es muy importante lo que está pasando en la República Argentina, donde hay una conciencia totalmente fortalecida en torno a la causa Malvinas. Creo que debemos aprovechar este momento para poner el acento no solamente en las licencias ilegales de hidrocarburos, sino también en el saqueo de los recursos pesqueros y en la militarización del Atlántico Sur.

En la Comisión de Defensa denunciamos permanentemente la cantidad de ejercicios militares que el Reino Unido realiza de manera unilateral e ilegal, respecto a los cuales la Cancillería tampoco toma medidas. Este Gobierno ha promovido un acuerdo internacional disfrazado de comunicado de prensa, que es el acuerdo Mondino-Lammy, el cual consolida en gran medida la ocupación británica. Por eso es muy importante que podamos hablar de esta agenda y de todas sus aristas.

LOA: ¿Considera que falta una voluntad política también para poner en la agenda pública nacional el reclamo de la soberanía de Malvinas?

Agustina Propato: Javier Milei tomó la decisión de mantener un alineamiento acrítico en materia internacional, lo que implica guardar silencio o hacer concesiones en relación con la causa Malvinas, algo que los argentinos no estamos dispuestos a tolerar. Por supuesto que existen el Consejo Asesor, la Secretaría de Malvinas y la Cancillería, organismos que debieran abogar realmente por el cumplimiento de las resoluciones 2065 y 3149 de las Naciones Unidas. Todas estas cuestiones están reguladas normativamente para que sucedan cosas distintas a las que están pasando.

Por eso proponemos la creación de la comisión bicameral, que representa la pata del Poder Legislativo dentro de esta agenda y dentro de la construcción de información. Muchas veces cuesta construir información sobre Malvinas. En este caso, la noticia de las licencias ilegales concedidas a la británica Rockhopper y a la israelí Navitas afortunadamente llegó y se hizo carne en los argentinos, aunque las licencias ilegales se vienen otorgando hace más de 20 años. Hace muy poco tiempo, a través del medio digital Agenda Malvinas, tuvimos la posibilidad de conocer una planilla de actualización de las licencias concedidas para la explotación hidrocarburífera en Malvinas, donde se pueden reconocer las fechas y comprobar que no es algo nuevo, al igual que ocurre con los ejercicios militares.

Hace unos días se conoció el paso no autorizado de un buque de guerra británico. Eso pasa permanentemente, no solo con buques de guerra, sino también de investigación. El tránsito de buques en el territorio de las Malvinas y la militarización son hechos muy frecuentes que nosotros denunciamos. Por eso venimos construyendo una agenda pensada, en la cual presentamos una propuesta para regular el denominado paso inocente, en función de la normativa internacional y de nuestras facultades. ¿Qué dice hoy la Cancillería argentina guiada por la doctrina Plaza? Argumentan que se configura el paso inocente ante el tránsito de un buque que lleva un pabellón que dice “Falkland Islands”. El paso inocente es una institución regulada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que no constituye una intromisión en otro territorio, pero exige no pasar con una bandera que afrenta la Constitución Nacional.

Hay que trabajar mucho en esta agenda, hacer pedagogía sobre lo que está pasando y comprender que esto es permanente. De allí radica la importancia de que el Poder Legislativo tenga una comisión permanente integrada por senadores y diputados de las distintas expresiones políticas, para que esta agenda de soberanía e integridad territorial del Atlántico Sur entusiasme a todos los legisladores de las provincias argentinas. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Defensa Nacional, esta es nuestra única hipótesis de conflicto.

LOA: ¿Cuál sería el rol de la Cancillería en las próximas semanas?, ¿debería aplicar sanciones a empresas o a personas que colaboren con estas actividades?

Agustina Propato: Tendrían que hacerlo y corresponde que lo hagan. La Ley 26.659 establece sanciones, inhabilitaciones, suspensiones y multas, además de plantear una corresponsabilidad solidaria para todas las empresas que presten apoyo. En la República Argentina, para consolidar la ocupación, existe una colaboración de apoyo logístico, como por ejemplo el vuelo que Milei estableció con escala en Córdoba. Asimismo, cuando hay empresas petroleras que operan cerca de Malvinas, si existen firmas que colaboran desde la Argentina continental o insular, resulta aplicable la posibilidad de sanciones bajo la Ley 26.659.

Hay posibilidades operativas de aplicar la Ley 26.659 que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Además, la Cancillería ya tendría que haber acudido a las embajadas del Reino Unido y de Israel para instarlas a avanzar sobre esas empresas que ejecutan acciones ilegales.

Esto está reconocido a nivel internacional; de lo contrario no existiría el Comité de Descolonización ni las resoluciones 2065 y 3149, donde el concierto de las naciones asume el reclamo legítimo de Argentina sobre la soberanía de Malvinas. La Cancillería debería actuar, pero no lo hace debido a la postura de la embajada argentina en el Reino Unido, la cual resulta violatoria de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

LOA: ¿Y el negocio petrolero se asoma también como un escenario en el que Argentina debe actuar, además de la diplomacia?

Agustina Propato: Pudimos acceder a información sobre cómo se han ido fusionando las empresas desde hace 20 años a la fecha. De acuerdo con una lectura de este panorama, Rockhopper y Navitas han ido absorbiendo a otras firmas con licencias, como Anadarko, consolidando la explotación en la Cuenca Norte, donde planifican extraer 55.000 barriles por día para el año 2028. Se estima que la cifra ronda los 1.500 millones de dólares anuales, un fenómeno similar al que ocurre con las licencias pesqueras, que oscilan en los 400 millones de dólares. Si desembarcan con esa estructura multimillonaria, no se van más. Hoy las Islas Malvinas tienen el producto bruto interno per cápita más alto del planeta, generado con recursos y riquezas argentinas.

La proyección de ganancias por la explotación de la Cuenca Norte de Malvinas por parte de Rockhopper y Navitas equivale prácticamente a lo que el Fondo Monetario Internacional le reclama a la Argentina como deuda, unos 54.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina un dinero bajo una decisión política que violó las regulaciones y estatutos del propio organismo, con el interés de poder ejecutar estas prendas sobre recursos naturales que prometen una gran producción de riqueza.

La visita de Kristalina Georgieva y su desembarco en Vaca Muerta no son casuales. El ministro Luis Caputo, que comprometió el destino de la Argentina con el Fondo en 2018 y lo renegoció posteriormente, es quien guía a Georgieva para mostrarle los activos que se han dispuesto frente al organismo.