Diputada Nieto: “Los nueve vocales deberán definir quién preside el Tribunal Superior de Justicia”

La diputada provincial Adriana Nieto, autora del texto de la Ley 3.949, fue entrevistada por LU12 AM680 y celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

“Estoy muy contenta, fue un alivio también para el retorno a la normalidad y a la institucionalidad, esperemos que ahora empecemos con todo a trabajar por por una justicia independiente y objetiva”, señaló.

Al ser consultada sobre si puede haber otra dinámica a partir de esta resolución, respondió: “Creo que sí, deparan tiempos de cambio en el sentido, primero, de que al haber más vocales estoy convencida de que se va a agilizar”. De esta manera, salió al cruce de las opiniones contrarias sobre el funcionamiento del cuerpo. “Algunos me dicen que puede provocar alguna demora más, pero yo creo que todo lo contrario, que va a agilizar”.

Para fundamentar su postura, explicó el impacto de la reforma en los procesos judiciales. “Si bien hay procesos en el Contencioso Administrativo donde fallan en conjunto la totalidad de los vocales, la juridicidad del tema y los tecnicismos ayudan y coadyuvan a que las causas salgan, se muevan, se agilicen, y para mí tracciona mucho más”, detalló.

Hizo hincapié en los fundamentos doctrinarios del máximo tribunal del país. “Yo vengo diciendo desde que salió el fallo que hay muchas sentencias donde la corte ha hecho hincapié en la división de poderes y en esto de judicializar la política. Lo triste es cuando se politiza la justicia”, reflexionó.

Nieto profundizó su análisis sobre el rol de las instituciones democráticas y el valor de las normativas vigentes. “Las dos cosas están mal porque la política es parte de la democracia para que pueda manifestarse. Nosotros nos manifestamos y también lo tiene dicho la corte en varios fallos: la legislatura es donde se manifiesta la soberanía del pueblo en su máxima expresión porque somos los representantes del pueblo de manera directa los que estamos sentados ahí dando las discusiones políticas”, argumentó.

A su vez, defendió el funcionamiento del Poder Legislativo y el respeto a las decisiones tomadas. “Para bien o para mal, guste o no guste, cuando las mayorías se expresan es lo que sale. Las leyes salen por mayoría, mayoría simple algunas o mayorías agravadas, y lo que debía haber pasado es que se respete la ley”, sentenció. Consideró indispensable la intervención del máximo tribunal del país ante el escenario previo: “Si no se respetaba la ley por parte de quienes tienen que ser los garantes de la aplicación del derecho y la justicia, evidentemente no quedaba otra que intervenga la corte”.

Institucionalidad

Por otra parte, describió el impacto directo que el conflicto institucional provocó en la actividad profesional y en la ciudadanía en general. “La incertidumbre y la inseguridad jurídica fueron mayúsculas. Lo hablaba con algunos colegas que trabajan en la parte privada y que estaban muy preocupados justamente por la paralización de causas”, reveló.

Pidió enfocar la problemática más allá de las cuestiones meramente formales o de los expedientes: “Uno habla muchas veces de causas o de expedientes porque está dentro de la justicia, pero en realidad, detrás de cada causa y de cada expediente hay personas, y este es el problema”.

En ese punto, dio detalles sobre las realidades humanas que dependen de una resolución rápida de la estructura judicial. “Hay personas que están esperando casaciones y muchas de ellas están privadas de la libertad, ya sea por condena o porque estén procesados y haya una prisión preventiva. Hay situaciones en las que la justicia tiene que manejarse rápidamente”, ejemplificó.

La autora de la Ley 3949 extendió esta urgencia a los litigios vinculados a las diferentes esferas del Estado. “Hay otro tipo de temas que pueden estar parados y, aunque haya una cuestión simplemente de derecho administrativo, cuando una persona acudió a la justicia es porque tiene una necesidad. Cuando se frustran estas necesidades y las aplicaciones del derecho, las personas también se ven frustradas”, advirtió.

Gremial

Al evaluar las responsabilidades por la vía judicial adoptada contra la reforma, la diputada diferenció la postura de las bases de los empleados judiciales de la conducción del sector. “Yo creo que hubo integrantes del gremio que no estuvieron de acuerdo, pero no pongo la responsabilidad en cabeza del gremio, sino en cabeza del secretario general. Él actuó de manera unilateral cuando convocó a asamblea, porque ya había presentado la demanda, y ahora tristemente el gremio tiene que cargar con las costas del proceso, lo cual tendría que haber sido parte de una discusión que se diera en asambleas gremiales”, cuestionó.

La entrevistada expuso el impacto público que generó el accionar del dirigente. “Hoy veía un medio al que le llamaba poderosamente la atención la actuación del secretario general y, desgraciadamente, va a pagar el gremio”, prosiguió. Ante la repregunta de si se estaba refiriendo concretamente a Franco Macheroni, Nieto ratificó: “Sí, concretamente de él, porque debió haberse analizado más y debió haberse consensuado esta medida. En última instancia, cuando hay actuaciones en la justicia y costos que se tienen que pagar, tiene que participar el organismo más representativo de la entidad, que son las asambleas gremiales”, determinó.

Presidencia

Frente al interrogante de quién quedaría entonces a cargo de la presidencia del máximo tribunal provincial, la legisladora admitió: “No sé decírtelo, porque ahí van a tener que ponerse a pensar técnica y jurídicamente los nueve vocales y supongo que llegarán a un acuerdo. En principio hay cuestiones jurídicas que van a ser trascendentes y relevantes”.

Nieto introdujo un nuevo interrogante sobre una resolución reciente que entra en conflicto con este nuevo escenario de integración. “Nosotros tenemos una ley que es la del Tribunal de enjuiciamiento que hace quince días atrás, o quizás un poquito más, ha sido declarada su inconstitucionalidad. La gran pregunta ahora es: ¿es nula?”, advirtió.

“Recordemos que cuando hay una acción de inconstitucionalidad de una ley se inicia una actuación dentro de lo contencioso administrativo donde se resuelve en pleno el Tribunal Superior. En ese caso resolvieron cuatro de los vocales”, pormenorizó.

A raíz de esto, Nieto planteó la encrucijada jurídica abierta por el pronunciamiento de la Corte de la Nación. “Ahora, con el fallo de la Corte que dice que es una ley que está vigente y lo remarca, la integración es de nueve. Por ende, la resolución y la sentencia que fue hecha por cuatro de los vocales, ¿en qué situación nos deja? Hay muchas preguntas por delante”, reflexionó.

La diputada provincial delineó cómo debe proceder el cuerpo judicial a partir del dictamen definitivo. “A partir del fallo el tribunal tiene que integrarse por los nueve y empezar a trabajar. Ahí va a empezar la discusión. La corte da por entendido que hay cuestiones técnicas de derecho que los juristas resuelven”, indicó.

Asimismo, analizó el conocimiento pormenorizado que la Corte poseía sobre la situación institucional de Santa Cruz. “La corte sabe que hasta el día de hoy no estaba integrado por los nueve, justamente por eso se llega al recurso extraordinario. Es por eso que dice que se tiene que integrar y que, a partir del fallo, tiene que estar efectivamente integrado para cumplir sus funciones porque sabe que no lo estaban haciendo. Además, remarca que la ley está vigente”, puntualizó.

Para concluir, recordó el carácter inapelable y supremo del pronunciamiento judicial e informó sobre los primeros movimientos internos del organismo provincial. “La Corte Suprema de Justicia es nuestro máximo órgano de justicia a nivel nacional y no hay otra apelación ni otro organismo superior a ella, así que lo que hay que hacer es acatar el fallo”, argumentó.

“Me ha llegado la información, y aparentemente se ha hecho público, que el tribunal ha sacado una circular que dice que va a cumplir este fallo y que va a respetar el sistema republicano de gobierno. Espero que efectivamente sea así porque eso es lo que nos merecemos los santacruceños”, finalizó la legisladora provincial.