IDUV: sorteo de viviendas para mayo y multas para las empresas que incumplan plazos

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de la Torre, fue entrevistado por LU12 AM680 y analizó la compleja situación habitacional de la provincia y marcó la necesidad de establecer políticas de Estado que trasciendan las gestiones de turno. En el centro de la problemática se encuentra un desfasaje histórico en el cobro de las cuotas y deficiencias administrativas que impiden a las familias acceder a sus escrituras.

“Hay planes que la gente está pagando una cuota de 400 pesos, en otro caso 800 pesos. Algunos 80 pesos“, detalló al inicio del diálogo con la “Decana de la Patagonia”. Si bien reconoció que el contexto económico es difícil, subrayó que es imperativo ordenar el esquema: “No se puede pasar una cuota de 80 pesos a 800.000, eso es imposible, pero hay que empezar a ordenar esas cosas porque eso nos posibilita generar a futuro políticas de vivienda serias”.

Regularización dominial y “cultura del no pago”

De la Torre explicó que la imposibilidad de cobro no siempre es responsabilidad del vecino, sino de “deficiencias del Estado” que no regularizó las tierras en su momento. Citó como ejemplo la zona del Ejército en Río Gallegos, donde las viviendas fueron canceladas pero el Estado no puede otorgar el título porque la tierra no pertenece a la provincia.

“Hay gente que lleva 15 o 20 años viviendo en esa propiedad y no puede ni siquiera pensar en que va a ser de ellos porque no la pagan. Pero por deficiencia del Estado, no es que el vecino no quiera pagar”, afirmó. No obstante, también apuntó a la existencia de una “cultura de no pagar” en sectores donde el instituto sí tiene los papeles al día pero las tasas son extremadamente bajas.

Santa Cruz lidera la obra pública en el país

A pesar del recorte de fondos nacionales, el titular del IDUV destacó que la provincia se mantiene como uno de los distritos con mayor actividad en el sector. Según relató, el secretario general de UOCRA le manifestó su satisfacción al ver los llamados a licitación en las paredes de su despacho: “Santa Cruz es una de las cinco provincias que tiene obra pública y dentro de las cinco es la que más obra pública tiene”.

En este sentido, De la Torre advirtió que será riguroso con los plazos de ejecución: “A partir del primero de mayo aquella empresa que se demore va a empezar a pagar multas. Históricamente nunca el IDUV le cobró una multa a una empresa. Nosotros vamos a empezar porque los contratos se firman para cumplirse”.

Sorteo de 56 viviendas en Río Gallegos

Para el mes de mayo, el organismo prevé el sorteo y entrega del Plan de 56 Viviendas que se construyen en el B° San Benito. El funcionario aclaró que el cupo se divide entre demanda general y sectores específicos:

• 26 viviendas para el público general (inscriptos con puntaje de 48 a 50 puntos).

• 30 viviendas destinadas al Ministerio de Seguridad.

Sobre la ampliación del puntaje a 48 unidades, explicó que se debió a irregularidades de gestiones anteriores: “Distintas gestiones políticas han adjudicado a familias el puntaje doble por uno de manera arbitraria. Por eso ampliamos el sorteo a 48 puntos, lo que comprende a 224 familias en Río Gallegos”.

Respecto a las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, el funcionario indicó que las carpetas serán evaluadas por el área de Salud y asociaciones de discapacidad para priorizar los casos más críticos mediante un proceso transparente: “Mi idea es no darle los apellidos a la familia para no condicionarlos, sino que vean los casos de salud que realmente lo requieren”.

Sobre el destino de estas casas, especificó: “Toda la gente que está inscripta, que tiene entre 48 y 50 puntos, va a participar del sorteo de estas 26 viviendas, porque 30 son para el Ministerio de Seguridad. De las 120 que tenemos en ejecución, que van a empezar ahora en estos días al lado de las 56, también hay 40 para salud y 40 para educación, esos ya tienen destino fijo y creo que 10 de ahí son para seguridad y el resto es para también para el público en general que está anotado”.

De la Torre fundamentó la decisión de incluir a quienes tienen 48 puntos: “Distintas gestiones políticas han adjudicado a distintas familias el puntaje dos por uno de manera arbitraria. Se hizo creo que en 2016, en 2018, en 2019 algunos grupos familiares se le dieron dos por uno, a otros no. Por eso lo ampliamos el sorteo a 48 puntos. Eso comprende 224 familias en Río Gallegos“.

Viviendas abandonadas y vandalizadas

Sobre las obras paralizadas por Nación, mencionó el caso de Comandante Luis Piedra Buena. “Tienen más de un 90% de las viviendas y el Gobierno Nacional dejó de financiar la obra. Estamos en tratativas, la semana pasada el diputado nacional José Luis Garrido tuvo una reunión con el Gobierno Nacional, donde nos comunicó que había sido muy buena reunión. Lo que hizo al interceder José Luis Garrido fue negociar directamente el Estado Nacional con Santa Cruz. Si podemos despejar lo que es las viviendas y terminarlas con fondos provinciales sería una muy buena noticia”, explicó.

También se refirió a las viviendas vandalizadas en el barrio Chimen Aike de Río Gallegos. “Es un conflicto entre Nación y el municipio donde no interviene la provincia, pero estamos tratando de que nos la cedan a la provincia para poder terminarla y darle una solución a los vecinos”, concluyó De la Torre, advirtiendo que los procesos judiciales para recuperar viviendas ocupadas en comodato son lentos: “Es un proceso judicial, no lo podemos ir y tomarla”.

Créditos bancarios

El IDUV evalúa lanzar una línea de créditos a través del Banco Santa Cruz para sectores con capacidad crediticia. El objetivo es que el valor de la cuota sea “un poquito más que un alquiler” para que resulte pagable.

Finalmente, sobre las obras paralizadas y vandalizadas en localidades como Piedra Buena o el barrio Chimen Aike, De la Torre informó que existen gestiones avanzadas con Nación: “Si podemos despejar lo que es las viviendas y terminarlas con fondos provinciales sería una muy buena noticia”. Remarcó que el pedido expreso del gobernador fue imprimir transparencia al sistema, permitiendo que los pliegos de licitación sean públicos y gratuitos en la web oficial.