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El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que habilita al Gobierno de Santa Cruz a aplicar la retención de fondos de la coparticipación a las comunas deudoras sumó un respaldo clave en el ámbito legislativo de la capital provincial.
En declaraciones a La Opinión Austral, la concejal del bloque del Partido SER de Río Gallegos, Giulliana Tobares, defendió la plena vigencia de la normativa y la necesidad de regularizar de manera urgente el flujo de fondos hacia los organismos previsionales y asistenciales.
“Claramente por ahí la función de los municipios es aportar el dinero que corresponda a cada caja“, señaló Tobares.
El incumplimiento de estas obligaciones genera un impacto adverso en la vida cotidiana de los empleados públicos, exponiendo una situación crítica que ocurre dentro del propio órgano deliberativo capitalino.
“A nosotros en lo particular nos pasa dentro del Concejo Deliberante que tenemos personas trabajando con cupo que si bien le hacen el descuento de la obra social, pero no pueden acceder a los beneficios de la salud porque la obra social no está siendo depositado el dinero que corresponde, o sea, le hacen retenciones indebidas”, advirtió.
Frente a este escenario, convalidó la firmeza de la administración provincial para terminar con la acumulación de deudas históricas y garantizar de una vez la sustentabilidad de todo el sistema.
“La ley que existe, que están haciendo cumplir el artículo, me parece perfecto que así sea”, concluyó.
El alcance de la medida judicial
La resolución del máximo tribunal provincial marca un punto de inflexión definitivo en el histórico conflicto entre el Ejecutivo central y las intendencias deudoras. Al dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía frenadas las retenciones automáticas, la Justicia restableció la plena aplicabilidad de la ley de presupuesto, lo que faculta a la provincia a descontar de forma directa los fondos equivalentes a los aportes no transferidos.
Este mecanismo impactará directamente sobre los recursos de coparticipación de los municipios deudores, obligándolos a reestructurar sus esquemas financieros. El objetivo central de la medida apunta a sanear las cuentas de los entes estatales y cortar de raíz la práctica de utilizar las retenciones salariales de los trabajadores para financiar gastos corrientes de las comunas, devolviendo así la previsibilidad a las prestaciones médicas y jubilatorias en todo el territorio santacruceño.
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