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La disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en la estrategia diplomática argentina. Mientras el Gobierno de Javier Milei prepara una ofensiva legal contra el Reino Unido, la figura de Frida María Armas Pfirter, una jurista santafesina que integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), adquiere relevancia por su trayectoria en la defensa de los intereses marítimos del país.
La magistrada ocupa una de las 21 bancas del organismo, con sede en Hamburgo, Alemania, donde asumió en 2023 y cuyo mandato se extiende hasta 2032. Su experiencia en derecho internacional y, en particular, en cuestiones vinculadas con la plataforma continental constituye uno de los antecedentes centrales de su carrera.
El Gobierno argentino analiza recurrir al tribunal para cuestionar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper. Sin embargo, el eventual planteo no tendría como objetivo que el organismo resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que examine la posibilidad de explotar recursos no renovables de manera unilateral en un espacio marítimo sujeto a controversia.
Soberanía marítima
Uno de los principales antecedentes de Armas Pfirter es su trabajo durante más de 25 años al frente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Desde ese organismo, coordinó al equipo de especialistas encargado de estudiar, documentar y fundamentar la extensión de la plataforma continental argentina.
Ese trabajo permitió respaldar ante la comunidad internacional los derechos del país sobre una superficie submarina que supera los 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Su experiencia en la materia representa un antecedente relevante en el contexto de las diferencias con el Reino Unido por las actividades económicas en el Atlántico Sur.
La jurista se graduó de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Rosario, y obtuvo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). A lo largo de su formación, realizó estudios de posgrado y obtuvo becas en instituciones internacionales, con actividades vinculadas, entre otros ámbitos, con La Haya y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el ámbito judicial argentino, también se desempeñó como secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia. Además, desde 2001 desarrolla tareas como experta en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica.
El respaldo diplomático
Cuando la Cancillería oficializó su candidatura al TIDM, entre los argumentos presentados para respaldarla ante las Naciones Unidas se destacaron su “sólida experiencia técnica” y su “capacidad para generar consensos“.
Su conocimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), junto con su experiencia en negociaciones y asuntos marítimos, forma parte de los antecedentes que acompañaron su postulación.
En el escenario actual, otro dato adquiere importancia: el Reino Unido no cuenta con un juez de su nacionalidad entre los integrantes permanentes del tribunal. Esa circunstancia, sin embargo, no implica por sí misma una ventaja jurídica para la Argentina ni anticipa el resultado de una eventual controversia.
La posible intervención del organismo debe analizarse dentro de límites jurídicos específicos. El TIDM no tendría que definir a quién pertenecen las Islas Malvinas, sino evaluar, en el marco de su competencia, cuestiones relacionadas con las actividades sobre recursos naturales en un área marítima disputada.
La estrategia argentina, anticipada por el canciller Pablo Quirno, apunta a obtener una medida cautelar que permita frenar el avance de la explotación petrolera mientras se tramita la controversia.
El alcance de una eventual presentación y las medidas que podría adoptar el tribunal dependerán de los fundamentos jurídicos del planteo y de las condiciones de competencia aplicables. La presencia de Armas Pfirter entre sus integrantes no determina, por sí sola, la decisión que pueda tomar el organismo.
La tensión entre Buenos Aires y Londres también estuvo marcada por cuestionamientos a operaciones logísticas vinculadas con las islas. El Gobierno argentino apuntó contra la empresa Thales UK Limited por presuntos vuelos desde Chile hacia Malvinas que habrían evitado el espacio aéreo nacional.
La controversia sumó un episodio el último lunes, durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Allí, el embajador británico David Cairns se retiró luego de las declaraciones de Quirno, quien celebró que empresas proveedoras como Halliburton estuvieran abandonando sus actividades en las islas ante el riesgo de sanciones. (Fuente: Crónica).
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