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Cuatro de los seis jóvenes oriundos de Perito Moreno que permanecen privados de la libertad en el marco de la investigación por la balacera registrada sobre la calle Beccar de Río Gallegos, iniciaron este lunes una huelga de hambre total. La medida de fuerza busca presionar por su inmediata liberación y visibilizar lo que, según afirman sus defensas, constituye una detención arbitraria fundada en meras presunciones.
Los aprehendidos que adoptaron la drástica postura son Nahuel Coronel, David Vega, Dionel Vega y Juan Sebastián, quienes terminaron tras las rejas el pasado jueves luego de una serie de procedimientos desplegados por la Policía de Santa Cruz en el barrio El Faro de la capital de Santa Cruz.
Según pudo saber La Opinión Austral, actualmente, los imputados se encuentran distribuidos en diferentes dependencias de la capital: David Vega, Nahuel Coronel y Juan Sebastián permanecen alojados en las celdas de la Comisaría Cuarta, mientras que Dionel Vega se encuentra privado de su libertad en la Comisaría Primera.
Durante las audiencias de indagatoria concretadas el sábado, en el Juzgado de Instrucción N°2 a cargo de Yamila Borquez, todos ellos brindaron un relato coincidente ante las autoridades judiciales: aseguraron no haber estado en Río Gallegos cuando se produjo el ataque a tiros contra una vivienda particular y argumentaron que su viaje a la capital provincial respondió exclusivamente a la negociación por la compraventa de una camioneta.
En diálogo con La Opinión Austral, el abogado defensor de los cuatro jóvenes, Mario Monsalvo, confirmó la presentación formal de las solicitudes de excarcelación y fue contundente al respaldar la postura de sus asistidos.
El letrado remarcó que sus defendidos resultan absolutamente ajenos al hecho que se les atribuye y enfatizó que el solo hecho de haber prestado declaración indagatoria demuestra una clara voluntad de colaborar con la investigación y ajustarse a derecho. Según la reconstrucción de la defensa, existen elementos para probar que el grupo no se encontraba en la capital santacruceña en la fecha exacta del atentado, habiendo arribado a la ciudad recién el pasado 9 del corriente mes.
A la hora de desarmar la acusación, la defensa técnica expuso tres argumentos clave sobre la falta de pruebas directas que vinculen a los sospechosos con la balacera. En primer lugar, se señaló que ninguno de los cuatro muchachos es titular ni ocupaba al momento de los operativos los vehículos donde los peritos policiales secuestraron el armamento.
Por otro lado, la representación legal aclaró que la presencia de los jóvenes en la ciudad obedecía a un conflicto de índole patrimonial previo con terceras personas, expediente que ya cuenta con una denuncia penal en trámite en otra jurisdicción. Finalmente, la defensa recordó que las propias autoridades policiales indicaron de manera pública que la demora preventiva de los involucrados no presupone de por sí responsabilidad penal sobre la ejecución de los disparos.
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