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La causa que estremeció a la comunidad santacruceña por su brutalidad y crueldad conocida como la “Casa del Horror”, ocurrida en Pico Truncado, dio un paso fundamental: la Justicia provincial dictó el procesamiento con prisión preventiva contra la madre y el padrastro de los dos menores víctimas, considerándolos presuntos coautores de una serie de delitos graves.
Se trata de Gastón Miguel Mercado y Roxana Marisel Soto, padrastro y madre de los menores víctimas, que al día de hoy siguen detenidos y fueron procesados con prisión preventiva por la Justicia provincial.
Según se consignó, el fallo judicial detalló minuciosamente los cargos: a ambos se les imputa reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, lesiones graves y abandono de persona agravado por vínculo y deber de cuidado, todo en concurso real de delitos; y se dispuso también un embargo sobre todos sus bienes por un total de $13.805.700 pesos para responder por eventuales indemnizaciones y responsabilidades civiles.
Asimismo, se conoció también la actitud que mantienen los imputados: se presentan unidos en una defensa cerrada y desafiante, sin admitir hechos ni culpas, y mantienen una negativa absoluta frente a la evidencia recolectada.
El hecho salió a la luz el 26 de mayo de 2026, cuando la niña de 7 años logró escapar de la vivienda en plena noche, pidiendo comida y auxilio para ella y su hermano de 5 años. La investigación posterior, cuyos detalles también fueron reflejados por La Opinión Austral, dejó al descubierto un régimen de terror que se prolongaba desde años antes.
De acuerdo a la información revelada, los niños permanecían encerrados en una habitación con la puerta bloqueada con una escalera y vigilados por un sistema de cámaras para impedir cualquier contacto exterior; se les prohibía ir a la escuela, se los golpeaba sistemáticamente con manos y cinturones.
Además de o expuesto anteriormente, los menores sufrían arrancamiento de cabello, castigos degradantes y manipulación psicológica para borrar su identidad y vínculos familiares anteriores; al momento del rescate, los exámenes médicos confirmaron desnutrición crónica severa, anemia, parasitosis y retraso físico y de crecimiento, producto de un maltrato continuado.
El caso causó una fuerte repercusión en la comunidad santacruceña. En este sentido, se planteó las interrogantes que surgieron en la opinión pública respecto a las fallas institucionales: ¿cómo pudo pasar desapercibida la inasistencia escolar prolongada?, ¿qué papel cumplieron los vecinos y organismos de protección ante una situación que se extendió tanto tiempo?
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