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El frío de la madrugada en Pico Truncado suele calar hondo, pero aquella noche el miedo pesaba mucho más que la baja temperatura santacruceña. En una propiedad del barrio 400 Viviendas, en el sector noreste de la localidad, el silencio habitual de las horas tardías se rompió con un acto de heroísmo desesperado. Una nena de apenas siete años, empujada por el hambre feroz y el instinto feroz de proteger a su hermanito de cinco, tomó una decisión límite: saltó desde la ventana de un primer piso hacia el vacío.

La mujer siendo escoltada por una agente de la DDI. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

No buscaba una travesura; buscaba la vida. Su caída libre fue, en realidad, el primer paso hacia la libertad de un infierno doméstico que hoy estremece a toda la provincia de Santa Cruz y que los investigadores ya catalogan como el caso de maltrato infantil más grave de la última década en la región. La menor logró alertar a los vecinos y poner en marcha un engranaje estatal que, afortunadamente, esta vez reaccionó con celeridad. De manera inmediata, el Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tomó cartas en el asunto, resguardó a las víctimas y activó de urgencia los protocolos de rigor.

La denuncia formalizada por este organismo público dio inicio a una exhaustiva investigación judicial que se manejó con total hermetismo durante aproximadamente un mes, tiempo durante el cual se recolectaron pruebas contundentes que pintan un panorama desolador puertas adentro de esa vivienda.

Fuentes oficiales ligadas a la causa confirmaron a La Opinión Austral la complejidad y el horror del escenario al que se enfrentaron los peritos. De acuerdo con los voceros tribunalicios, los menores eran sometidos a un régimen estricto de encierro, aislamiento absoluto del mundo exterior, violencia física y psicológica sistemática, además de una severa privación de alimentos. Las autoridades que lideran la investigación señalaron con contundencia la gravedad de la situación:

El nivel de violencia al que habrían sido sometidos estos menores no tiene precedentes recientes en Pico Truncado. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los hechos más graves y dolorosos que recuerde la Justicia santacruceña en materia de vulneración de derechos de las infancias.”

Para llegar a la orden de detención de la madre de los chicos y de su pareja legal, la Justicia debió desandar un camino de pericias médicas y psicológicas exhaustivas. Las entrevistas especializadas y, fundamentalmente, las declaraciones de los pequeños en Cámara Gesell resultaron determinantes para reconstruir el calvario diario.

Las graves acusaciones contra los adultos a cargo de los niños

A partir de esos elementos, la Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante violencias y amenazas y en perjuicio de menores de edad, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por haber sido cometido por quienes tenían el deber legal de cuidado.

En el informe de la causa se detalló que los imputados “colocaron y mantuvieron a los niños en una situación de sometimiento extremo”, marcada por “el control absoluto de sus vidas, la restricción de su capacidad de autodeterminación, privación de necesidades básicas, el aislamiento social, la violencia física y psicológica sistemática”, provocando una “progresiva anulación de su personalidad y autonomía”. La acusación sostiene que ambos adultos ejercían un dominio total sobre las condiciones de existencia de los menores, en calidad de coautores y en concurso real de delitos.

Además, hubo un elemento tecnológico que terminó por sepultar cualquier intento de coartada por parte de los adultos: el propio sistema de videovigilancia que estaba instalado en la vivienda. Esas filmaciones, que originalmente pudieron haber sido colocadas para control o seguridad, se transformaron en el registro irrefutable del maltrato y el abandono crónico.

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