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Este jueves por la tarde, personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado ejecutó un allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Dr. Kuester al 900, en el marco de una investigación por múltiples denuncias de estafa que encendieron las alarmas entre los investigadores locales. La causa, que venía siendo trabajada en estricto sigilo, tiene como eje una modalidad delictiva cada vez más frecuente en el entorno digital: el uso de perfiles falsos en redes sociales para captar víctimas y despojarlas de su dinero.

El ardid consistía en la creación de dos cuentas apócrifas en Facebook, desde donde el acusado ofrecía supuestos trabajos metalúrgicos a precios atractivos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo saber que  el ardid consistía en la creación de dos cuentas apócrifas en Facebook, desde donde el acusado ofrecía supuestos trabajos metalúrgicos a precios atractivos. Las publicaciones, con fotos de trabajos anteriores y descripciones técnicas aparentemente confiables, prometían realizar estructuras metálicas, rejas, portones y otros encargos similares. Para asegurar el “servicio”, se exigía a los interesados una seña anticipada mediante transferencia bancaria o plataformas de pago virtual, bajo el argumento de compra de materiales o reserva de turno.

Una vez realizado el pago, las víctimas no volvían a obtener respuesta. El contacto cesaba abruptamente, las cuentas eran bloqueadas o eliminadas, y los damnificados quedaban sin rastro del dinero entregado. Las denuncias no tardaron en acumularse, y el patrón de la maniobra permitió a los investigadores identificar un posible responsable.

Tras recibir el pago, el hombre desaparecía y bloqueaba los perfiles.

Tras obtener la correspondiente orden judicial, efectivos de la DDI irrumpieron en el domicilio este jueves y lograron secuestrar diversos elementos de interés para la causa: dispositivos electrónicos, comprobantes de transferencias y anotaciones que podrían vincular al sospechoso con las operaciones fraudulentas.

Durante el procedimiento también se identificó a un joven de 24 años, quien fue notificado de su vinculación a la investigación y fijó domicilio legal, tal como lo establece el protocolo judicial. Si bien por el momento no fue detenido, quedó bajo la órbita del Juzgado interviniente y podría enfrentar cargos por estafa, delito que en el Código Penal argentino contempla penas de hasta seis años de prisión.

 

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