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En el marco de las estrategias de prevención del delito y fiscalización del transporte de larga distancia que se vienen intensificando en los puntos neurálgicos de la provincia de Santa Cruz, las fuerzas de seguridad provincial desplegaron un importante procedimiento de control en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Las tareas, orientadas a la detección de sustancias prohibidas y la verificación de antecedentes de los viajeros, arrojaron como saldo la fiscalización masiva de unidades y la notificación formal de una persona que registraba un requerimiento judicial activo.

El despliegue operativo tuvo lugar durante las últimas horas de la noche de este sábado, articulando el trabajo de diversas áreas especializadas de la Policía de Santa Cruz. La labor principal estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, unidad que contó con el soporte estratégico y colaborativo de efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián y de la División Comisaría Primera local.

Durante el transcurso de la inspección, las brigadas abocadas al procedimiento ejecutaron un minucioso examen sobre un total de cinco unidades de transporte terrestre pertenecientes a distintas empresas de pasajes que conectan la provincia. En ese marco, los agentes procedieron a la identificación nominal y documental de 153 personas, entre los que se contabilizaron tanto a los choferes al frente de las unidades como a los pasajeros en tránsito hacia diversos destinos de la Patagonia.

La verificación de la identidad de los viajeros se llevó a cabo en tiempo real mediante el uso de la plataforma tecnológica del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta digital que permite cruzar datos de manera instantánea con los registros judiciales de todo el país para detectar pedidos de captura, averiguaciones de paradero o prohibiciones de circular.

Como resultado final de las consultas informáticas de rigor, los efectivos policiales constataron que sobre uno de los pasajeros controlados pesaba una medida restrictiva decretada y vigente emitida por la magistratura judicial. Ante este hallazgo, y siguiendo de manera estricta las directivas emanadas por la autoridad ordinaria interviniente en la causa, los uniformados procedieron a labrar la correspondiente acta de fijación de domicilio para que la persona notificada quede a derecho ante los tribunales requirientes.

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