Condenaron a una mujer que había mandado medio kilo de cocaína de máxima pureza a Santa Cruz

El movimiento del Correo Argentino suele ser frenético. Entre miles de paquetes que viajan a diario por todo el país, uno en particular, despachado el 29 de mayo de 2023, cargaba con un secreto que terminaría por desmoronar una organización de narcomenudeo en la provincia de Santa Cruz.

RA Agurto Varas, una ciudadana peruana de 27 años con domicilio en el Barrio 31, se presentó aquel lunes para realizar un envío aparentemente inofensivo con destino a Puerto San Julián. Sin embargo, ocultos entre diversos productos comestibles, viajaban 500 gramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.
La maniobra, que parecía haber sido calculada al detalle, comenzó a fisurarse por errores humanos y una cadena de traiciones en el lugar de destino. La investigación judicial determinó que el cerebro detrás del envío era CF Carriman, quien, a pesar de estar tras las rejas en una alcaidía del sur, coordinó la logística utilizando sus vínculos afectivos.

Carriman convenció a MS Mansilla para que prestara su nombre y recibiera el paquete, el cual finalmente llegó a sus manos el 2 de junio en la casa de una amiga. Lo que siguió fue un guion de película policial con matices de la realidad más cruda.

Mansilla, lejos de cumplir con el plan original, se habría apropiado de parte de la droga, lo que desató una ola de amenazas por parte de quienes reclamaban la mercadería. Ante el temor de una represalia violenta, huyó hacia la localidad de Comandante Luis Piedrabuena junto a VC Yáñez. Allí, refugiados en una cabaña, comenzaron a fraccionar la cocaína para su venta al menudeo, jactándose en mensajes de texto sobre los precios: “40 los 10” o “60 menos no“, según consta en los registros telefónicos que hoy son parte de la causa.

Las primeras detenciones

La caída de la banda se precipitó cuando una de las involucradas denunció haber sido agredida, lo que permitió a la policía provincial localizar el búnker improvisado en la cabaña y secuestrar la mayor parte del estupefaciente. Mientras Mansilla, Yáñez y Carriman quedaban detenidos en el sur y actualmente ya condenados, la justicia federal puso la lupa sobre el origen del envío en Buenos Aires. En la guía de la encomienda figuraba el nombre “A Agurto” y un número de teléfono celular.
El trabajo del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos de la Gendarmería Nacional fue quirúrgico. Cruzaron los datos del remitente con los registros de las cámaras de seguridad de la sucursal de Retiro y allí estaba ella: Agurto Varas, en el momento preciso del despacho. El golpe final lo dio el análisis tecnológico de un teléfono Samsung secuestrado durante el allanamiento en su precaria vivienda del Barrio 31, donde la coincidencia entre el número manuscrito en la guía y el abonado de la mujer resultó casi total.

La condena

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia. Aunque inicialmente fue señalada como coautora, la calificación legal se modificó a partícipe secundaria. Los jueces entendieron que Agurto Varas era un “eslabón fungible” en la cadena de tráfico, alguien cuya tarea podría haber sido realizada por cualquier otra persona sin alterar el plan maestro. Se valoró, además, un informe socioambiental que pintó un cuadro de vulnerabilidad social extrema: una madre separada, a cargo de sus hijas, viviendo en condiciones de precariedad habitacional y con recursos económicos muy limitados.
Rosa Andrea Agurto Varas fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional. No irá a la cárcel, pero deberá cumplir reglas de conducta estrictas, como fijar domicilio y someterse al control judicial, para no terminar tras las rejas