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El Juzgado de Puerto Santa Cruz desestimó el pedido de detención para el acusado de abuso sexual en Comandante Luis Piedrabuena y, en su lugar, le impuso una tobillera electrónica al presunto agresor y un botón antipánico a la víctima.

El padre de la joven, Celso, visiblemente afectado, denunció una cadena de irregularidades, revictimización y un accionar judicial que, lejos de proteger a su hija, la mantiene “prácticamente presa” indicó en declaraciones a los colegas de Piedra y Camino.
Tal como lo informó La Opinión Austral, la historia, que comenzó el pasado 6 de septiembre, sumó un nuevo y doloroso capítulo para una familia que solo pide justicia.

Celso relató el calvario que viven desde el primer día, marcado por demoras en los allanamientos y un protocolo que, según él, nunca se activó correctamente. “Hoy nos levantamos con una luz de esperanza cuando nuestra abogada pidió formalmente la detención. Horas después, recibimos un baldazo de agua fría“, confesó con la voz quebrada.

Celso Aguirre, padre de la víctima. FOTO: PIEDRA Y CAMINO

El conflicto central se desató en el juzgado, donde la joven de 21 años fue citada para declarar. Según el relato de su padre, allí se vulneraron nuevamente sus derechos de la manera más insólita. “A mi hija la atendieron tres personas sin darle su derecho a preguntarle si quería que esté su abogada, que estaba esperando afuera”, denunció Celso.

La letrada, Jessica Delgado, preguntó en dos ocasiones si su defendida había terminado con la psicóloga y le respondieron que no, algo que el padre asegura era mentira. Lo que siguió fue aún más desconcertante. La secretaria del juzgado, le pidió a Celso que su hija volviera a entrar para firmar unos papeles de las pericias. “Me mintió en la cara“, afirmó el padre.

“Era para hacerle firmar un acta de notificación donde se le imponía una tobillera electrónica al abusador y el botón antipánico a ella. Mi hija jamás iba a pedir una tobillera, ¡si desde el primer momento no pidió ni una consigna policial que sí correspondía!”. La joven, confundida y sin la asistencia legal que le correspondía, firmó un documento sin comprender plenamente sus implicancias. “Cuando le contamos, sus palabras textuales fueron: ‘Pero eso no fue lo que me dijeron en el juzgado‘”, relató su padre.

La manifestación que se hizo en inmediaciones del Juzgado de Puerto Santa Cruz. FOTO: PIEDRA Y CAMINO

“Él sigue libre”

Para Celso, esta medida no solo es ineficaz, sino que revierte los roles, dejando al agresor en libertad y a su hija condicionada por un dispositivo de alerta. “El tipo sigue libre, puede ir al boliche, puede hacer lo mismo con otra chica y la justicia ni se va a enterar, porque el botón antipánico lo tiene mi hija, es para ella nomás”, explicó.

“Tienen todas las pruebas para meterlo preso al tipo, pero lo siguen teniendo libre mientras mi hija sigue presa con un botón antipánico”, sentenció.
La frustración de la familia se dirige directamente al accionar del juzgado. “¿Qué protocolo activaron?  Tuvieron conocimiento de la causa a las 10 de la mañana y no tomaron ninguna medida”, cuestionó Celso, apuntando a las demoras iniciales. “Del juzgado dicen que estamos exagerando. No se está exagerando nada, estamos diciendo las cosas que realmente pasaron y las pruebas que hay”.

La desconfianza es tal que el padre llega a preguntarse si la información llega correctamente al juez, el doctor Renato Manucci, o si queda trabada en la burocracia de sus secretarios.
A esta cadena de sucesos se suma un intento de amedrentamiento durante una marcha pacífica frente al juzgado. La propia policía, institución a la que Celso pertenece, intentó labrarle un acta de constatación por ser “el cabecilla de una marcha”. “Me quieren apretar con mi propia policía. Vivimos en el mundo al revés. Parece que están esperando que tome medidas por mi propia mano”, manifestó,

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