“Todavía no hemos accedido a las actuaciones”: la palabra del abogado Gabriel Giordano tras la audiencia por narcotráfico y lavado de activos

En las inmediaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, y con el pulso propio de las grandes causas que comprometen la seguridad y la economía legal, las alternativas procesales comenzaron a debatirse en una audiencia clave donde la falta de vista al expediente se convirtió en el eje central de los planteos técnicos formulados por los letrados defensores, por un megaoperativo que se realizó días atrás en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el procedimiento judicial, que investiga una compleja red presuntamente vinculada al tráfico de estupefacientes y al posterior blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes, tuvo su correlato en los estrados con la presencia de los operadores judiciales. Por el ministerio público fiscal intervino el doctor Julio Zárate, en tanto que la delgada línea que separa la imputación técnica del derecho de defensa quedó plasmada en la voz del abogado Gabriel Giordano, representante legal de dos de los ciudadanos involucrados en el expediente federal.

Al ser consultado por La Opinión Austral en las afueras del tribunal, el letrado trazó un panorama inicial sobre el estado de la causa, aclarando de antemano el escenario procesal que debieron afrontar en esta primera etapa: “Estamos a la espera de la resolución del juez Claudio Marcelo Vázquez. Ya ha hecho su presentación el fiscal Julio Zárate y los abogados que defienden a los distintos imputados”. Al ser consultado sobre el alcance de su representación, el doctor Giordano precisó: “Yo represento a dos de ellos. Por el momento la causa se encuentra en reserva, por lo que nos abstendremos de dar detalles del procedimiento, habrá novedades sobre el diligenciamiento de las medidas cautelares dispuestas. En este proceso, lo que se pretende investigar debe probarse respetando el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio. Esta audiencia es fundamentalmente para tomar vista, pues aún no hemos accedido al expediente y solo hemos escuchado al fiscal. A partir de mañana accederemos al legajo fiscal para definir nuestra teoría del caso”.

El peso de las imputaciones que se ciernen sobre los sospechosos abarca un abanico delictivo de extrema gravedad dentro del derecho penal federal. Ante la requisitoria periodística sobre cuál es la calificación legal provisoria adoptada por los acusadores, el defensor explicó: “Es bastante extensa. En términos generales abarca asociación ilícita, delitos vinculados a la Ley de Drogas (Ley 23.737) y eventual lavado de activos para la adquisición de bienes, aunque todavía no se nos ha presentado ninguna prueba a la que podamos acceder”.

La logística de la causa, caracterizada por su carácter interjurisdiccional entre el sur santacruceño y los centros urbanos bonaerenses, también impuso desafíos técnicos en la materialización de las audiencias. Consultado acerca de la modalidad implementada para garantizar la participación de los procesados alojados en Buenos Aires, Giordano detalló: “Se trabaja mediante un sistema online de videoconferencia con una pantalla amplia en la sala. Participan y opinan desde una oficina judicial en Buenos Aires con todos los controles de legalidad”.

En cuanto a la estrategia adoptada frente al tribunal, el letrado confirmó que los imputados optaron por el resguardo constitucional de guardar silencio, una directiva técnica habitual en los albores de cualquier instrucción sumarial compleja: “Por recomendación de sus abogados, todos los imputados hicieron uso del derecho a guardar silencio, sin que ello implique una presunción en su contra. Evaluaremos la prueba una vez que veamos el legajo; es probable que una de mis representadas declare más adelante tras revisar las actuaciones”.

El entramado económico y penal de la investigación plantea asimismo interrogantes sobre la conexidad entre el tráfico de sustancias prohibidas y el blanqueo de capitales, dos universos delictivos que la defensa se apresta a cuestionar severamente. Al respecto, el abogado adelantó el eje de su futura argumentación: “En esta causa plantearemos temas constitucionales y de nulidad por una posible doble incriminación. Por otro lado, hay otras personas involucradas en la causa por lavado de activos que iniciará más tarde”.

Finalmente, el defensor clarificó la situación procesal de las personas alcanzadas por los operativos en la capital provincial, diferenciándolas de la única detención formal registrada hasta el momento: “En Río Gallegos se encuentran en calidad de aprehendidos y no hay ningún detenido por el momento. El único detenido formalmente se encuentra en Buenos Aires. Tras la audiencia se resolverá cuántos de los aprehendidos quedan detenidos”.