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La lectura del veredicto que condenó a prisión perpetua a José Daniel Cabrera Gallardo por el brutal crimen del empresario Nelson Ariel Romero sacudió los tribunales de Río Gallegos. Sin embargo, lejos de marcar el punto final de la contienda jurídica, la resolución reavivó el debate técnico entre las partes. Tras el despeje de la sala y con el fallo aún tibio sobre el estrado, la asistencia técnica del exsuboficial del Ejército Argentino salió a fijar una postura crítica frente a la decisión adoptada por el tribunal de la Cámara Oral.
En diálogo con La Opinión Austral, el abogado defensor del imputado analizó el alcance del veredicto y expuso un duro diagnóstico sobre el desarrollo de las actuaciones. Para la representación legal del exmilitar, el desencanto trasciende el resultado adverso de la pena impuesta: “Uno puede estar o no estar de acuerdo con una sentencia, pero debería mínimamente tener la tranquilidad de decirle a su defendido que tuvo un proceso ajustado al código procesal, ajustado a la Constitución Nacional“.
El letrado puso el foco en la actuación de las etapas previas y en los planteos que la defensa venía sosteniendo desde el inicio del debate oral, vinculados a presuntas irregularidades en la toma de testimonios y la recolección de pruebas durante la instrucción policial y judicial. En ese sentido, cuestionó la validez del proceso desde sus cimientos: “La decisión no nos gusta por un motivo o por otro. Acá lamentablemente no puedo yo decirle ni a Cabrera ni su familia que tuvo un proceso penal ajustado del Código Procesal, que se le respetaron las garantías y demás, sino todo lo contrario, garantías mínimas que él tuvo, no se le respetaron”.
Entre las falencias señaladas, la asistencia técnica hizo hincapié en la supuesta vulneración de derechos fundamentales como el acceso a una defensa elegida libremente y la protección contra la autoincriminación en la seccional policial. Al referirse al rechazo de estas nulidades por parte de los jueces, el abogado expresó su disconformidad con la fundamentación del fallo: “Digo, de las más básicas, como elegir su abogado, no ser obligado a autoincriminarse, cuestiones que, por lo que voy viendo en la sentencia realmente tienen muy pocos fundamentos para para haberlas rechazado como planteo de nulidad que hicimos, que son gravísimas y que la verdad no nos llegan los fundamentos a a convencernos de que de que efectivamente no teníamos razón. Sí, teníamos razón y esto tendría que haber sido declarado nulo, sin lugar a dudas”.
Además de las objeciones de índole procesal, la defensa rebatió la encuadración jurídica aplicada al caso. El tribunal encuadró el hecho bajo la figura de homicidio criminis causae -asesinar para ocultar otro delito o lograr la impunidad-, calificación que prevé como única sanción la prisión perpetua. Frente a esto, el letrado sostuvo que la acusación no reflejó lo ocurrido en el expediente: “Tampoco está encuadrado el delito adecuadamente en el artículo 80 inciso 7. Creemos que también esto es erróneo”, indicó en declaraciones a este diario.
La sentencia adversa en la capital santacruceña abrirá de inmediato un nuevo capítulo en los tribunales de alzada. Decididos a agotar todas las herramientas del sistema republicano de justicia, los defensores adelantaron que acudirán a las máximas autoridades judiciales de la provincia y de la Nación de ser necesario: “Todo lo cual va a ser materia de el recurso de casación primeramente, ante el Tribunal Superior y después seguiremos en la vía recursiva hasta donde haga falta, porque es gravísima la situación de este de esta causa, de este expediente y de la situación que le toca atravesar ahora a Cabrera con una condena a prisión perpetua que no es ajustada a derecho”, concluyó.
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