Crimen en la Comisaría Séptima: la familia de Gilmar Claros Ferrel exige ver el cuerpo por primera vez

La noche del pasado 16 de octubre quedará grabada a fuego en la provincia de Santa Cruz. Lo que en un principio fue comunicado por las autoridades como un repentino deceso por descompensación y consumo abusivo de alcohol en los calabozos de una dependencia periférica de Río Gallegos, hoy se ha transformado en un caso de extrema gravedad institucional.

El informe definitivo del Cuerpo Médico Forense tiró por la borda la versión oficial inicial y reveló una verdad escalofriante: Gilmar Claros Ferrel, un ciudadano boliviano de 35 años, no murió por causas naturales ni por una patología previa, sino que fue estrangulado mediante una brutal asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca ejercida durante el operativo de sujeción policial. La confirmación científica de este cuadro asfixiante, adelantada en exclusiva en su momento por La Opinión Austral, detonó un terremoto que ya provocó el apartamiento de tres efectivos de la fuerza provincial y dejó a toda la comunidad en estado de alerta.

El dramático derrotero que culminó con la muerte de Claros Ferrel comenzó a tejerselas últimas horas de aquel viernes, cerca de las 22:35, en la noche de una jornada que había llegado a los 17° de temperatura cuando, en el barrio San Benito -ubicado en la periferia de la capital santacruceña- se registró un pedido de auxilio que ingresó al Gimnasio Municipal Indio Nicolai.

De acuerdo con los datos recabados en la instrucción que lleva adelante el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo del magistrado Gerardo Giménez, un niño de apenas 10 años cruzó corriendo la calle con el rostro desfigurado por el pánico para pedir ayuda, asegurando que su padrastro estaba agrediendo a su madre en el domicilio familiar situado justo enfrente del complejo deportivo.

El personal del establecimiento municipal dio aviso inmediato a las líneas de emergencia, lo que motivó el desplazamiento de una comitiva de la Comisaría Séptima hacia un departamento de la manzana 71. Los primeros uniformados en arribar al lugar se encontraron con un escenario confuso: un hombre en aparente estado de alteración y con aliento etílico, y una mujer de 36 años, identificada como PLR, quien presentaba una lesión visible en la encía y el labio inferior.

Con el correr de las horas, la propia mujer se encargaría de desmentir tajantemente la versión de un ataque machista de proporciones, aclarando ante los investigadores que jamás existió un golpe de puño por parte de su pareja, sino que la lesión se produjo de manera accidental durante un forcejeo doméstico por la tenencia de un teléfono celular.

Pese a que la situación de violencia de género inicial comenzaba a desmoronarse en el testimonio de la propia presunta víctima, los efectivos exigieron a Claros Ferrel que abandonara el inmueble.

Ante la resistencia y las dificultades operativas planteadas en el recinto, los agentes solicitaron refuerzos y la presencia del personal del Comando de Patrullas. Fue en ese preciso instante de la reducción donde se desencadenó la secuencia fatal. Entre varios uniformados lograron reducir al hombre, colocarle las esposas y trasladarlo a bordo de un patrullero hacia el edificio de la Comisaría Séptima, situado en las inmediaciones del barrio.

La versión policial original intentó instalar que el demorado sufrió una súbita descompensación al ingresar a la celaduría. Según aquel parte preliminar, los agentes habrían iniciado de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y convocado a una ambulancia, cuyos profesionales intentaron salvarle la vida utilizando un desfibrilador eléctrico en reiteradas oportunidades, hasta que el médico de guardia certificó el deceso.

En un principio, fuentes ligadas a la fuerza deslizaron que la víctima acumulaba más de dos gramos de alcohol por litro en sangre y que padecía afecciones cardíacas previas que habrían precipitado el colapso orgánico.

Sin embargo, el blindaje de la versión oficial comenzó a resquebrajarse cuando los peritos forenses concluyeron la autopsia de rigor. El dictamen médico fue categórico: el deceso se produjo por “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”. Dicho informe técnico le dio sustento absoluto al dato que La Opinión Austral había revelado en exclusiva pocos días después del hecho, señalando que los agentes habían aplicado una violenta maniobra de sujeción al cuello durante el procedimiento de reducción en el departamento del barrio San Benito.

Esta técnica de inmovilización extrema, que presiona de manera directa las vías respiratorias y los vasos sanguíneos carotídeos, debía ser sometida a un riguroso peritaje para determinar la intensidad, la duración y la impericia con la que fue aplicada por los uniformados. La confirmación forense de que la muerte obedeció a un estrangulamiento mecánico transformó de inmediato el expediente administrativo y penal, obligando a la Jefatura de Policía de la Provincia a ordenar el apartamiento preventivo de tres efectivos de la Comisaría Séptima involucrados directamente en el procedimiento de detención.

Ante la gravedad institucional de que miembros de la fuerza de seguridad provincial aparezcan señalados como presuntos autores de una muerte bajo custodia, el magistrado interviniente resolvió desplazar por completo a la policía de la investigación.

De este modo, la instrucción de las medidas probatorias y periciales quedó íntegramente en manos de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de garantizar una absoluta independencia y transparencia en la recolección de pruebas que permitan esclarecer las responsabilidades penales individuales.

El apartamiento preventivo de los tres agentes no supone responsabilidad o culpabilidad en el hecho. Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que, de momento, no hay personas formalmente identificadas como imputadas dentro del expediente.

En el medio, durante la semana que pasó, hubo múltiples reuniones entre los seres queridos de Gilmar y el magistrado a cargo de la causa. Tanto René (hermano de Gilmar) como Marcelina Escobar (su ex pareja) y hasta integrantes de la comunidad boliviana se acercaron al Juzgado ubicado en Fagnano y Juan B. Justo para exigir respuestas ante tamaño suceso que terminó con saldos fatales.

Mientras se aguarda una semana clave en los tribunales locales para el desarrollo de nuevas medidas probatorias solicitadas por la querella, un profundo dolor y una exigencia inquebrantable atraviesan el plano más humano y desgarrador de esta tragedia. A casi dos semanas del fallecimiento, la familia de Gilmar Claros Ferrel atraviesa un calvario no solo por la pérdida irreparable, sino por la imposibilidad material de despedir a su ser querido.

Ahora, fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que los allegados elevaron un pedido formal y desesperado ante la justicia para poder ver los restos de Gilmar en la morgue, ya que desde el mismo día del hecho trágico no han tenido ningún tipo de contacto visual ni presencial con el cuerpo.

Mientras la Justicia evalúa la autorización para el reconocimiento visual y se espera que Gendarmería profundice sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los policías apartados, el caso de la Comisaría Séptima se consolidó como uno de los episodios más graves de abuso institucional en la historia reciente de Río Gallegos, donde la vida humana se apagó bajo la sombra de una sujeción letal que hoy grita por justicia.