El contratista brutalmente agredido por UOCRA en Santa Cruz fue dado de alta médica

Fabio Cattani, el contratista que fue brutalmente agredido por integrantes de UOCRA, el 11 de agosto pasado, en la localidad de Puerto Deseado, fue dado de alta médica el 15 de octubre, es decir, luego de dos meses de internación. El hombre de 56 años continúa recuperandose en su hogar, bajo los cuidados de su esposa e hijos. El caso conmocionó a la comunidad de la provincia de Santa Cruz y tuvo una amplia repercusión en los medios nacionales.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, institución en la que estuvo internado en grave estado el ciudadano, las lesiones provocadas por la paliza se agravaron por otras cuestiones médicas que ya tenía en hombre, ligadas al consumo de tabaco y otras sustancias. Dado a eso, luego de recibir el alta en la ciudad caletense, estuvo internado en el Hospital Distrital deseadense, aunque logró recuperarse para regresar a su casa.

Mientras Cattani continúa su recuperación y batalla con infecciones causadas tras las secuelas por la agresión física de gremialistas, su caso, que estaba a cargo del exjuez Gabriel Contreras, que recientemente ingresó como vocal al Tribunal Superior de Justicia, ya se encuentra en el Juzgado de Recursos, bajo el tratamiento del magistrado Carlos Borges. Fuentes judiciales le confiaron a este medio que el caso “aún no pasó a despacho, pero en breve pasará y se resolverán las apelaciones correspondientes“.

Se trata de los pedidos realizados por los abogados de los sindicalistas que, en su momento, fueron detenidos por el hecho. Carlos Tapia, Oscar Aranda, un hombre apodado “Neri” y Fabián Hernández fueron detenidos el sábado 23 de agosto e indagados el día siguiente por Contreras, mientras que Franco Moreyra, el secretario general de UOCRA de Puerto Deseado, fue aprehendido el martes 26. Este último se entregó a la dependencia policial de la localidad y le dijo a las autoridades que “no iba a dar el gusto de que lo vean esposado“.

De acuerdo al testimonio de varias personas, el día del ataque violento, al descender de uno de los vehículos, Moreyra lanzó una orden tajante: “A Cattani hay que matarlo“. De inmediato, el grupo comenzó a golpearlo con patadas y puñetazos. Incluso lo atacaron cuando ya estaba en el suelo. El momento en que paró el ataque fue porque el secretario general del gremio deseadense dijo “bueno, bueno, ya está“. Cattani fue trasladado al centro de salud por policías que fueron testigos.

Cabe destacar que los uniformados de la División de Investigaciones (DDI), trabajaron en la investigación y llevaron a cabo más de una docena de allanamientos, un par el 23, otro el 26 y días después se ejecutaron otros procedimientos en viviendas de integrantes del sindicato. Los investigadores secuestraron ropa, armas y celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se indagará en el contenido de los teléfonos, buscando mensajes entre los hombres.

Los detenidos habían sido procesados con preventiva por Contreras y habían quedado alojados en distintas dependencias policiales de la zona norte santacruceña. Según la denuncia, un grupo de entre 30 y 40 personas llegó en camionetas y autos, bajó de los vehículos y, tras una orden directa de uno de los cabecillas, algunas personas se abalanzaron sobre la víctima y lo golpearon con patadas y puños hasta dejarlo inconsciente en el suelo. También le robaron un arma de fuego de la camioneta.

Cattani había sufrido graves lesiones, como rotura de bazo, fracturas costales múltiples, daño pulmonar y un cuadro de shock hipovolémico que obligó a una cirugía de urgencia, por lo que en un principio era una preocupación si iba a lograr recuperarse y salir del centro de salud. Estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), había desarrollado neumonía y su esposa e hijo lo acompañaban en el día a día. Tanto su pareja, Sonia, como su hija, Ayelén, habían dialogado con La Opinión Austral para solicitar justicia por el hombre y pedir que los responsables de la paliza paguen.