Informe del Poder Judicial: hubo más de 900 denuncias de violencia intrafamiliar el último año en Río Gallegos

Cada 8 de marzo, Día de la Mujer, funciona como un termómetro social para medir avances y retrocesos en materia de igualdad. Este año, la Oficina de Género del Poder Judicial de Santa Cruz aprovechó la conmemoración para poner sobre la mesa datos concretos que describen cómo las desigualdades estructurales continúan impactando en la vida cotidiana de las mujeres de la provincia.

El informe institucional reafirma el principio de progresividad y no regresividad en derechos humanos, una premisa que obliga al Estado a sostener y ampliar las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de género. En ese marco, el documento advierte que no pueden admitirse retrocesos en las acciones orientadas a prevenir la violencia y proteger los derechos de mujeres y diversidades.

El contexto nacional tampoco pasa inadvertido. El reporte recuerda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) examinó recientemente el octavo informe periódico de la Argentina y observó una disminución significativa en la aplicación y cobertura de los instrumentos internacionales destinados a prevenir la violencia contra las mujeres. Esa advertencia internacional funciona como una señal de alerta para los Estados y sus instituciones.

En Santa Cruz, los datos judiciales reflejan una problemática persistente. Entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de marzo de 2026, las Oficinas de Violencia Doméstica recibieron cientos de denuncias. Solo en Río Gallegos se registraron 926 personas afectadas. De ese total, el 76,78% corresponde a mujeres y el 23,22% a varones. El grupo etario más afectado se concentra entre los 30 y 39 años, con casi el 24% de los casos.

Uno de los datos más significativos del informe se vincula con el vínculo entre víctima y denunciado. En el 63% de los casos registrados en la capital provincial, la persona señalada como agresora era la expareja. Esto confirma un patrón que se repite en gran parte del país: la violencia de género suele producirse dentro de relaciones afectivas o familiares.

Una situación similar se observa en Caleta Olivia. Allí se registraron 344 personas afectadas en el mismo período analizado. El 83,43% de las víctimas fueron mujeres y el 16,57% hombres. En más de la mitad de los casos, el denunciado también era una expareja. El grupo etario predominante coincide con el de Río Gallegos: mujeres entre 30 y 39 años.

Para la Oficina de Género, estas cifras evidencian que la violencia doméstica sigue teniendo un fuerte componente de desigualdad estructural. Por eso, el informe insiste en la necesidad de respuestas institucionales sostenidas, con políticas públicas y presupuestos adecuados que permitan abordar el problema de manera integral.

Pero la desigualdad no se manifiesta solo en los episodios de violencia. El informe también analiza el impacto de la crisis económica y social en los hogares, especialmente en aquellos donde las mujeres concentran las tareas de cuidado. Según los datos judiciales, el 8,1% de las mujeres que denunciaron situaciones de violencia en Río Gallegos se encontraban desocupadas, mientras que un 4,1% realizaba tareas sin remuneración, principalmente como amas de casa.

Este panorama pone en evidencia una realidad ampliamente estudiada: la llamada “feminización del cuidado”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el cuidado como una necesidad humana universal y como un derecho autónomo que obliga a los Estados a garantizar políticas que protejan tanto a quienes necesitan cuidado como a quienes lo brindan.

La desigual distribución de esas responsabilidades también se refleja en otro indicador judicial relevante: los reclamos por alimentos. Entre el 1 de enero de 2025 y el 4 de marzo de 2026 se registraron 1.720 procesos en los juzgados de primera instancia de la provincia. De ese total, 1.452 fueron iniciados por mujeres y apenas 268 por varones.

En otras palabras, más del 84% de los reclamos judiciales para garantizar la manutención de hijos e hijas son promovidos por mujeres. Detrás de ese número hay una explicación social evidente: son ellas quienes, en la mayoría de los casos, asumen la crianza cotidiana y, frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, también deben recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento.

Ese proceso implica una carga adicional. Litigar demanda tiempo, recursos económicos y desgaste emocional, lo que profundiza las desigualdades existentes. No solo se trata de sostener la crianza y el cuidado diario, sino también de gestionar el conflicto legal.

Frente a este escenario, desde la Oficina de Género del Poder Judicial señalaron que el desafío es continuar trabajando con base en datos institucionales que permitan visibilizar las desigualdades y desnaturalizar los estereotipos de género. El objetivo es fortalecer la perspectiva de género dentro del sistema judicial y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

En el final del informe se advierte que los avances en materia de igualdad no pueden darse por garantizados. Requieren compromiso institucional, políticas públicas sostenidas y una mirada que entienda que detrás de cada estadística hay historias de vida atravesadas por desigualdades que aún persisten.