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Un episodio de presunta usurpación en una vivienda ubicada en una de las zonas más transitadas de Río Gallegos activó un procedimiento policial y judicial este martes al mediodía. La situación, que combinó tensión, insultos y la posterior intervención sanitaria, dejó en evidencia un conflicto que ahora quedó bajo la órbita de la Justicia provincial.
Según pudo saber La Opinión Austral, la mañana del martes tuvo un giro inesperado en el corazón de la capital santacruceña. Cerca de las 11 horas, el responsable circunstancial de una propiedad situada sobre calle Avellaneda al 60 —en pleno casco céntrico de Río Gallegos,
Tennis Club— advirtió que una mujer se encontraba dentro del domicilio sin autorización. La situación derivó en una denuncia judicial que movilizó a efectivos de la División Comisaría Primera y puso en marcha el protocolo policial correspondiente ante una presunta ocupación ilegal.
De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso este diario, el denunciante se presentó en la vivienda con su llave, como lo hacía habitualmente al estar a cargo del lugar, propiedad de una vecina que actualmente reside en la localidad de El Calafate. Al ingresar, se encontró con una escena inesperada: una mujer desconocida estaba sentada en el suelo, cubierta con una manta. Según su relato, al advertir su presencia, la mujer comenzó a proferir insultos y expresiones intimidatorias, lo que motivó su inmediata retirada del lugar y la comunicación con las autoridades.
La intervención policial se produjo minutos después. Personal de la Comisaría Primera se trasladó hasta el domicilio señalado, donde procedió a identificar a la mujer, de 50 años. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, en el marco de la actuación preventiva y ante la situación que se desarrollaba, se dispuso su traslado al Hospital Regional de Río Gallegos en un móvil sanitario, donde quedó con custodia policial mientras se evalúa su estado general y se avanza con las diligencias judiciales.
El hecho fue caratulado como denuncia judicial y tomó intervención el ámbito judicial correspondiente, que ahora deberá determinar las circunstancias de la ocupación y si existió o no un delito de usurpación.
En este caso particular, el rápido aviso a la Policía permitió una intervención sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores, al menos en la instancia inicial. La investigación continuará bajo directivas judiciales, mientras se aguardan informes médicos y sociales que permitan comprender el contexto de la mujer involucrada y definir los pasos a seguir.
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