Descubrieron un call center “tumbero” en la cárcel de Olmos que estafaba gente hasta en Río Gallegos

Una investigación llevada adelante por el fiscal marplatense Mariano Moyano permitió desenmascarar el funcionamiento de una auténtica central delictiva -un “call center” de la estafa- que funcionaba tras los muros de la Unidad Penal N° 1 de Olmos y que coordinaba maniobras delictivas en red con reclusos alojados en las cárceles de Batán.

El minucioso operativo de la justicia bonaerense, ejecutado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata con el apoyo de la DDI de La Plata, se materializó tras una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 13. Como resultado de las irrupciones en los pabellones de las Unidades 1 de Olmos, y 44 y 15 de Batán, tres presos fueron aprehendidos formalmente, mientras que otros dos resultaron notificados de la causa.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de Mar del Plata, en los camastros y celdas secuestraron ocho teléfonos celulares, gran cantidad de tarjetas SIM y anotaciones manuscritas con datos filiatorios que desnudan la logística de la banda.

Al frente de las llamadas se encontraba Hugo Franco Miguel, de 62 años, alias “El Gitano”, quien desde su celda en Olmos marcaba al menos 50 números por día hacia distintos puntos del mapa nacional. Para concretar el engaño, el recluso utilizaba una identidad falsa calculadamente pensada: se presentaba ante sus interlocutores como el “subcomisario Gutiérrez”, tomando el nombre de un recordado personaje de una ficción televisiva.

Bajo ese ropaje de autoridad policial ficticia, desplegaba un repertorio de mentiras diseñado para sembrar el pánico en adultos mayores, asegurando que un familiar había quedado detenido tras atropellar a una mujer embarazada y exigiendo el pago de una supuesta fianza que un efectivo pasaría a retirar por el domicilio. En otras variantes, simulaban ser hijos o sobrinos para pedir el cambio urgente de billetes estadounidenses bajo el pretexto de un inminente anuncio económico o medida gubernamental.

La investigación del doctor Moyano determinó que detrás del “subcomisario Gutiérrez” funcionaba un aceitado engranaje con roles perfectamente delimitados. Desde la Unidad Penal N° 44 de Batán, los reclusos Franco Isaías Miguel (29) y Jonathan Ezequiel Villalba (34) se abocaban a realizar tareas de inteligencia previa, recopilando datos personales y patrimoniales de potenciales víctimas para luego transferirlos a Olmos y a Alejandro Demetrio Rosales, alojado en la Unidad 15 de Batán, quien junto a Villalba ejecutaba los movimientos territoriales en la vía pública.

La peligrosidad de la banda no se agotaba en la estafa virtual. Cuando el engaño telefónico fracasaba o requería presencia física, células de la organización se apersonaban en los domicilios. La causa judicial comenzó a gestarse el pasado 8 de julio a raíz de un intento de estafa en una vivienda de la Comisaría Duodécima de Mar del Plata, donde tres falsos policías intentaron ingresar a la casa de un vecino.

Pocos días después, el 14 de julio, la banda concretó una salvaje entradera en la calle Artigas al 700: varios delincuentes encapuchados maniataron, golpearon y amordazaron a una mujer de 70 años, a quien incluso le provocaron cortes con un arma blanca en los dedos de un pie para robarle 600 mil pesos, hecho por el cual Rosales fue posteriormente detenido, indicó el portal de Diario La Capital de Mar del Plata.

El análisis cruzado de antenas de telefonía celular, las intervenciones de seis líneas estratégicas y los registros informáticos de las empresas prestadoras revelaron números escalofriantes que justifican el reclamo de la fiscalía. Los peritajes comprobaron que entre el 4 de junio y el 8 de julio los reos concretaron 5.158 llamadas, a las que se sumaron otras 5.283 comunicaciones entre el 4 de agosto y el 8 de octubre, superando holgadamente los 10 mil llamados extorsivos e inductivos dirigidos a abonados de diversas provincias, con marcado énfasis en ciudades como Rosario, Paraná, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Salta, Bariloche, Ushuaia y de Río Gallegos, donde los estafadores buscaban incautos aprovechando la habitual tranquilidad de los vecinos patagónicos.

Ante el contundente cuadro probatorio acumulado en el expediente, el fiscal Mariano Moyano volvió a alzar la voz con firmeza para instar a las autoridades del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Bonaerense a que dispongan la prohibición absoluta e inmediata del uso de dispositivos celulares en los establecimientos carcelarios de la provincia.