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La Justicia tomó una decisión clave en una de las causas más graves que involucran a integrantes del gremio de la construcción. Los cinco acusados de integrar la patota de la UOCRA que golpeó brutalmente a Fabio Dante Cattani, un contratista de 56 años que terminó en coma, seguirán detenidos bajo la figura de prisión preventiva. La resolución judicial los deja procesados por intento de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas.
Tal como lo informó La Opinión Austral, los detenidos son Carlos Tapia, Oscar Aranda, Osvaldo “Neri” B., Fabián Hernández y Franco Moreyra, este último secretario general del gremio en Puerto Deseado. Según la investigación, Moreyra no solo habría instigado el ataque, sino que fue identificado por testigos como uno de los agresores directos. Los primeros cuatro fueron detenidos a fines de agosto por orden del juez Gabriel Contreras, quien tomó el caso tras la excusación de su colega Jésica Hernández, cuyo hermano figura entre los sindicados. Moreyra fue capturado días después.
El hecho ocurrió el 11 de agosto en una obra ubicada en la sede del Sindicato de Judiciales. De acuerdo con el expediente, la patota llegó con un objetivo claro. “A Cattani hay que matarlo“, habría gritado Moreyra, según declararon nueve testigos. Acto seguido, los acusados atacaron ferozmente al contratista, que intentó salvarse escondiéndose debajo de una camioneta. La golpiza solo se detuvo cuando el propio Moreyra dio la orden de parar.
La violencia desatada dejó consecuencias devastadoras. Cattani perdió cuatro litros de sangre, le extirparon el bazo y un testículo, sufrió la fractura de ocho costillas y quedó con el funcionamiento de apenas medio pulmón. Tras la paliza, ingresó en coma y permaneció en terapia intensiva durante casi un mes en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Según pudo saber este diario, en los últimos días mostró una leve mejoría: pudo salir del coma, le retiraron el respirador y permanece bajo observación médica. Si bien su evolución genera esperanza, los profesionales no descartan secuelas irreversibles a raíz de las lesiones.
La causa también expone un costado incómodo: según trascendió, había policías presentes en el lugar de los hechos que, lejos de intervenir de inmediato, se habrían limitado a observar lo que ocurría. Algunos de ellos declararon que Moreyra no golpeó, sino que solo dio órdenes; sin embargo, otros testigos lo ubican directamente entre los agresores, lo que complica aún más su situación judicial.
La confirmación de la prisión preventiva significa un paso decisivo en la investigación. Los cinco acusados permanecerán tras las rejas mientras avanza el proceso. La figura de intento de homicidio agravado que pesa sobre ellos podría derivar en penas de gran magnitud, especialmente si se comprueba la premeditación.
En paralelo, la familia de Cattani atraviesa una angustia diaria entre la esperanza de su recuperación y la incertidumbre sobre las secuelas que le dejará este ataque
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