Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal aplicó los criterios del nuevo sistema acusatorio. NS Parras zafó de la cárcel a cambio de donar mercadería por cien mil pesos a un hogar de mujeres. El fiscal dio el visto bueno priorizando la “paz social” por sobre el castigo.

La Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de NS Parras, una vecina de Río Gallegos que estaba procesada por intentar pasarle cocaína y marihuana a un preso alojado en la Comisaría Primera. Lo llamativo del caso, es que la mujer no recibió una condena penal ni una probation tradicional: extinguió su causa penal tras alcanzar un “acuerdo conciliatorio” y entregar mercadería a un hogar comunitario.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que la maniobra que originó el expediente judicial ocurrió la tarde del 5 de mayo de 2024. Parras se presentó en la seccional policial ubicada en el centro de la capital de Santa Cruz con la aparente e inocente intención de dejarle un cargador de celular, su cable correspondiente y un pendrive a GE Camisay, un interno allí alojado.

El presidente del tribunal Mario Reynaldi. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, la avivada duró poco. Los guardias requisaron los objetos y descubrieron que el cargador venía “con sorpresa”: adentro escondía un envoltorio de nylon negro con 0,65 gramos de cocaína y otro con 10,40 gramos de marihuana.

Según pudo saber este diario, la fiscalía encuadró el hecho bajo una carátula pesada: suministro de estupefacientes a título gratuito en grado de tentativa, agravado por haberse cometido en un centro de detención. Con la vieja ley de drogas en la mano, el destino de la mujer parecía encaminarse directo a una pena de prisión efectiva.

Sin embargo, el Defensor Público Oficial  propuso una salida alternativa amparada en los nuevos vientos que corren en el derecho penal argentino. Ofreció una reparación integral consistente en un aporte de $100.000 pagaderos en dos cuotas, materializado en mercadería destinada al Hogar de Mujeres María Ragido de Batini, la misma institución donde momentáneamente reside la hija menor de la imputada.

Entonces, el Fiscal Interino ante la UFIS-RG, Gastón Franco Pruzan, no se opuso. Al contrario, consideró procedente la propuesta y prestó su total conformidad para desactivar la vía del juicio oral. Con las cartas sobre la mesa, la defensa acreditó los tickets y las constancias de recepción de los alimentos y bienes entregados al hogar, dejando el terreno listo para la firma del juez.

El juez Mario Reynaldi ratificó el mecanismo del sistema acusatorio que busca soluciones menos violentas que el encierro. La justicia consideró que la falta de conflicto entre las partes habilita respuestas institucionales más eficientes. Se ordenó la destrucción de la marihuana y la cocaína secuestradas.

Leé más notas de La Opinión Austral