Secuestraron vapers por 4 millones de pesos en dos locales del centro de Río Gallegos

En el marco de una serie de acciones destinadas a combatir el contrabando y las infracciones al Código Aduanero en el sur del país, la Policía Federal Argentina (PFA) concretó este miércoles dos procedimientos simultáneos en locales comerciales de la capital santacruceña. El resultado: el secuestro de 53 dispositivos electrónicos del tipo “vaper“, valuados en más de 4 millones de pesos.

Según pudo saber La Opinión Austral, los operativos fueron realizados por la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, en coordinación con la División de Investigaciones Operativa Regional de la Dirección Regional Aduanera Austral. Las acciones se desarrollaron conforme a los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Comando Institucional, en una estrategia conjunta que refuerza la articulación entre fuerzas de seguridad y organismos de control fiscal.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el local comercial denominado “Darkside”, ubicado sobre la Avenida Néstor Kirchner al 1060, donde los efectivos incautaron 25 vapers que se encontraban en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. El segundo allanamiento se realizó apenas unos metros más adelante, en el local “Raymundo“, en el número 1074 de la misma arteria, donde fueron secuestrados otros 28 dispositivos con las mismas características de ilegalidad.

De acuerdo con la estimación oficial, el valor total de los productos incautados asciende a los 4 millones de pesos, una cifra significativa que refleja la magnitud de esta modalidad de contrabando minorista. Si bien los vapers no se encuentran prohibidos en su totalidad, su importación debe cumplir con requisitos estrictos tanto en lo aduanero como en lo sanitario. Estos dispositivos, que funcionan como cigarrillos electrónicos, suelen ingresar al país sin la debida documentación y sin control de calidad, representando un doble riesgo: fiscal y para la salud pública.

La mercadería secuestrada fue puesta a disposición del Juez Administrativo de la División Aduana Río Gallegos, quien tendrá a su cargo determinar las sanciones correspondientes y el destino final de los productos. En paralelo, no se descarta que se amplíe la investigación para determinar posibles redes de comercialización o vínculos con otros puntos del país.