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En el marco de una investigación instruida ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz ejecutaron un importante allanamiento sobre la calle San José Obrero, logrando desarticular una maniobra delictiva que afectó gravemente a una tradicional ferretería de la ciudad.
El operativo no solo permitió la recuperación de un voluminoso lote de insumos de trabajo, sino que derivó en la clausura preventiva del inmueble por parte de las autoridades municipales.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la causa penal tuvo su origen días atrás, cuando el propietario del comercio afectado se presentó ante las dependencias policiales para radicar una denuncia formal tras percatarse de un faltante sistemático y abrumador de mercadería.
A partir de ese momento, las brigadas investigativas desplegaron exhaustivas labores de campo, relevamientos territoriales y tareas de inteligencia que no tardaron en arrojar luz sobre el sospechoso principal. Las pesquisas apuntaron de forma directa hacia un empleado del propio establecimiento, quien habría aprovechado su posición estratégica dentro del local, el acceso libre a los depósitos y el conocimiento de la dinámica diaria para perpetrar un despojo paulatino pero masivo de mercadería.
Con las pruebas reunidas sobre la mesa, la magistratura interviniente libró la correspondiente orden de registro domiciliario para la propiedad ubicada sobre la calle San José Obrero.
Según pudo saber este diario, al ingresar al inmueble, la comisión policial se topó con un verdadero arsenal de la construcción e insumos industriales: cientos de herramientas manuales, equipos de protección personal, discos de corte, bobinas de cable, accesorios de electricidad, latas de pintura, mangueras y diversos materiales de obra fina y gruesa.
Asimismo, los uniformados secuestraron el teléfono celular del sospechoso, un elemento tecnológico considerado clave por los peritos para reconstruir las comunicaciones y determinar si los elementos robados estaban destinados al mercado negro local o a la reventa clandestina a través de redes sociales.
El procedimiento policial desencadenó, además, la inmediata intervención de los inspectores del área de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos. Al solicitar la documentación correspondiente para el funcionamiento del establecimiento comercial o depósito ubicado en esa finca, los agentes comunales constataron severas irregularidades administrativas y la falta de habilitación correspondiente, por lo que procedieron a colocar las fajas de clausura preventiva en los accesos del lugar.
Por su parte, el exempleado implicado fue formalmente notificado de la causa en su contra y estableció domicilio a rigurosa disposición del juzgado interviniente.
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