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En los pasillos de la Alcaidía Penitenciaria de Puerto Deseado, la rutina de las requisas suele ser monótona, marcada por el olor a encierro y el ruido de los cerrojos. Sin embargo, el ingenio de quienes intentan vulnerar la seguridad carcelaria no deja de sorprender a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Esta vez, el drama judicial no tiene como protagonista a un gran narco, sino a una mujer de 56 años, M. C., una cocinera rural de una estancia santacruceña que, en un intento desesperado por asistir a su hijo, terminó sentada en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

La historia, que culminó recientemente con una condena de ejecución en suspenso, se remonta a los primeros meses de 2024. M, nacida en Cañadón Camuzu Aike y con una vida marcada por la precariedad y el trabajo duro en el campo, decidió utilizar los servicios del Correo Argentino en Río Gallegos para enviar “atenciones” a su hijo, Pablo Daniel Vito. Lo que parecía ser una encomienda cargada de artículos de higiene personal escondía, en realidad, una maniobra delictiva tan burda como recurrente en el universo carcelario: el tráfico de “menudeo” para consumo personal.

Los dos hechos

Según pudo saber La Opinión Austral, el primer episodio ocurrió el 15 de febrero de 2024. Durante el control de una encomienda , los agentes penitenciarios notaron algo extraño en un envase de shampoo. Al vaciarlo, descubrieron dos envoltorios que contenían 6,75 gramos de marihuana y 0,74 gramos de cocaína. Lejos de amedrentarse por el primer fracaso, la mujer repitió la operatoria apenas dos meses después. El 15 de abril, la seguridad detectó otro envío; esta vez, la sustancia -0,58 gramos de cocaína- viajaba oculta dentro de un desodorante a bolilla.

Para entender la gravedad del contexto, es necesario poner nombre y apellido al destinatario de estos envíos. Pablo Daniel Vito no es un interno más en el sistema penitenciario de la provincia. Se trata de un hombre que carga con una condena de 16 años de prisión por un hecho que conmovió a Río Gallegos en octubre de 2018: la brutal agresión a Alfonso, un joven perteneciente a la comunidad zíngara. Aquel ataque, que dejó secuelas imborrables en la víctima y mantuvo a Vito prófugo de la justicia durante varios días, explica el régimen de detención y la vigilancia extrema sobre sus vínculos externos.
En el marco de un juicio abreviado, MC admitió su responsabilidad. Ante el juez Mario Gabriel Reynaldi, la mujer no pudo sostener una coartada endeble que intentó introducir inicialmente, donde sugería que los datos de la encomienda pertenecían a un amigo de su hijo.

Las pruebas eran contundentes: su firma en los registros del correo y el testimonio de la empleada postal que la reconoció como una clienta habitual que siempre realizaba envíos al mismo destino sellaron su suerte.
El fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz tuvo en cuenta la particular situación de la imputada. Mercedes es una mujer con escasa instrucción, apenas completó el segundo grado y posee dificultades para leer y escribir. Trabaja como cocinera en una estancia, percibiendo un ingreso mensual que apenas roza los 900.000 pesos, destinado en gran parte al sostén de su familia. Estas circunstancias, sumadas a la escasa cantidad de droga y al hecho de que el suministro era a título gratuito y para uso personal de su hijo, permitieron que la justicia aplicara una pena atenuada.

Finalmente, la sentencia dictada la semana pasada condenó a la mujer a seis meses de prisión en suspenso y al pago de una multa. Además, se le impusieron reglas de conducta estrictas, como fijar residencia y presentarse trimestralmente ante la policía. La justicia entendió que, aunque su motivación pudo ser el “amor de madre” hacia un hijo que pasará gran parte de su vida tras las rejas por un crimen violento, el bien jurídico de la salud pública y la seguridad de las instituciones de detención no pueden ser avasallados por el afecto filial.

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