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Río Gallegos sigue con atención y consternación el inicio del juicio contra un enfermero acusado de abusar sexualmente de un paciente menor de edad con discapacidad. El caso, que salió a la luz en septiembre de 2023, generó un profundo impacto social por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima, y hoy avanza hacia una instancia decisiva en los tribunales de la capital santacruceña.
Según pudo saber La Opinión Austral, el imputado, un hombre de mediana edad que se desempeñaba profesionalmente en el Centro de Salud Mental de la ciudad, enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”, delito que prevé una severa pena en el Código Penal argentino. Según la investigación, el ataque habría ocurrido en las instalaciones del propio centro, ubicado en la esquina de Santiago del Estero y José Ingenieros, donde el acusado cumplía funciones asistenciales.
La denuncia inicial fue presentada en julio de 2023, luego de que la víctima comenzara a manifestar cambios de conducta y otros indicios que encendieron las alarmas de su entorno. No obstante, el expediente tuvo un giro determinante dos meses más tarde, cuando el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de la jueza Marcela Quintana, ordenó la detención del enfermero y dispuso una serie de medidas urgentes. Entre ellas, un allanamiento en una vivienda del barrio Procrear, que arrojó resultados positivos con el secuestro de elementos vinculados a la causa.
Desde su detención, el acusado permanece alojado en la Comisaría Cuarta de Río Gallegos, a la espera de un proceso judicial que, por la naturaleza del hecho y el perfil de la víctima, ha despertado una fuerte reacción en la opinión pública.
El debate oral comenzó el miércoles en la Cámara Oral de la capital. El tribunal está presidido por la jueza María Alejandra Vila, acompañada por los vocales Jorge Yance y Yamila Borquez, esta última en calidad de subrogante. En la acusación pública interviene la fiscal Verónica Zuvic, mientras que la querella es ejercida por los abogados Christian Arel y Gabriel Bertorello.
Durante las primeras jornadas, cerca de veinte testigos declararon en la sala ubicada en Malaspina 41, brindando detalles que buscan esclarecer lo sucedido. Entre ellos se cuentan profesionales de la salud, familiares de la víctima, agentes policiales y peritos, cuyas declaraciones resultarán clave para el análisis de los jueces.
El cronograma del juicio prevé que el próximo lunes se lleven a cabo los alegatos de cierre, momento en el que la fiscalía y la querella presentarán sus pedidos de pena, que podrían alcanzar el máximo previsto por la ley, dada la calificación legal y el agravante por la guarda, o la potencial absolución del acusado.
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