Se trata de los riogalleguenses Daniel Moyano y Eduardo Oyarzo, apresados en el 2015 en el marco del operativo “Safari Tóxico”. Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión, en tanto al cordobés Diego Andrades le dictaminaron tres años en suspenso. Ríos, el cuarto sindicado de integrar la banda dedicada al comercio de estupefacientes, ya fue detenido luego de haber sido declarado en rebeldía por no presentarse al juicio.

Moyano y Oyarzo fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva. A Andrades se le dictaminaron tres en suspenso.

*Por Juan Manuel Reyna

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz concluyó ayer con el juicio a las tres personas apresadas en el marco del operativo “Safari Tóxico”, que tuvo lugar en 2015. En este, la Policía logró desbaratar una banda dedicada al comercio de estupefacientes que traficaba droga desde Córdoba a Tierra del Fuego y que tenía nexos en la ciudad de Río Gallegos.
Los tres imputados y condenados en la jornada de ayer fueron los riogalleguenses Daniel Adrián Moyano y Eduardo Gustavo Oyarzo, además de Diego Nicolás Andrades, oriundo de Córdoba.
El proceso judicial comenzó la semana pasada y en el mediodía de ayer fue leído el fallo en el que se dictaminó no hacer lugar a los planteos de nulidad articulados por las defensas y rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las penas fijadas por la ley 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes).
En ese sentido, el Tribunal decidió condenar a Diego Nicolás Andrades a la pena de tres años de prisión en suspenso, 10 mil pesos de multa, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de confabulación de tráfico de estupefacientes”. Era quien traía la droga en un camión al sur del país junto a otro cordobés, de apellido Ríos.
Con respecto a Daniel Moyano, este fue condenado a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo y 10 mil pesos de multa, por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de confabulación de tráfico de estupefacientes en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Su cómplice, Eduardo Oyarzo, recibió la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y 10 mil pesos de multa, por haber sido considerado “autor penalmente responsable del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
En los últimos dos puntos del fallo el Tribunal ordenó el decomiso del dinero, teléfonos celulares y demás bienes secuestrados vinculados en los hechos, y la destrucción de la marihuana secuestrada previa obtención de muestras para futuras pericias. La lectura de los fundamentos de la sentencia será el 19 de abril.
Las primeras audiencias, celebradas la semana pasada, contaron con la presentación de pruebas de la investigación y allanamientos efectuados, así como también con los testimonios de los testigos “de actuación”. Personal de la Policía y civiles que estuvieron en los procedimientos fueron citados por la Justicia para brindar declaración.
Retomando el proceso judicial el martes, hubo testigos de concepto (familiares y amigos) y la Fiscalía pidió cinco años de prisión para los tres imputados. Es de recordar que la cuarta persona sindicada de integrar esta banda (Ríos, de Córdoba al igual que Andrades) fue declarado en rebeldía tras -injustificadamente- no presentarse a la citación judicial. El sujeto fue detenido y continuaría en esa condición hasta tanto se celebre su juicio, previsto para antes de julio de este año, informaron fuentes judiciales.
La Opinión Austral pudo conocer que las tres defensas apuntaron y pusieron el foco de la argumentación yendo contra la investigación policial. Cada una, por su parte, planteó la nulidad. El defensor de Oyarzo para con el allanamiento, el de Moyano con la acusación de la Fiscalía, y el de Andrades pidiendo la nulidad del monto de la pena solicitada. Todos estos alegatos fueron desestimados en el primer punto del fallo.
La Dra. Patricia Ramallo, representante del Ministerio Público Fiscal, manifestó en sus alegatos que, con todas las pruebas presentadas en el marco del juicio, quedó probado que Moyano, Oyarzo y Andrades ejercían el comercio de estupefacientes (marihuana y cocaína).
En las mencionadas pruebas, principalmente escuchas telefónicas, se demostró que Moyano era el encargado de proveer de los estupefacientes a los compradores. A su vez, la investigación policial determinó que este también “trabajaba” con chicas menores de edad, utilizándolas para realizar el intercambio de marihuana o cocaína por el dinero.
También, se dejó en evidencia que tanto Ríos como Andrades eran quienes hacían llegar los estupefacientes a la ciudad. Utilizaban palabras clave como “pintura verde” para referirse a la marihuana y “lo otro”, para la cocaína. Moyano recibía las drogas y se las entregaba a Oyarzo, para que este también las comercializara.
En cuanto a las declaraciones de los testigos de actuación, Ramallo sostuvo que en la audiencia todos reconocieron su participación como testigos en los procedimientos y las actas firmadas. Mientras que el personal policial que trabajó en el caso también ratificó el contenido de las actuaciones.
Para con las declaraciones de los imputados, la fiscal dijo que Moyano y Oyarzo reconocieron la relación con la droga, ya que se consideran consumidores, mientras que Andrades negó haber sido él quien trajo los estupefacientes. Asimismo, se descartó que la cantidad de marihuana que los riogalleguenses tenían en su posesión fuera para consumo personal (cinco kilogramos) y que esta efectivamente fuera para la venta.
Tanto Moyano como Andrades continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 15 de esta ciudad capital, mientras que Andrades no será puesto bajo detención por la condena condicional dictaminada.

Se descartó el “vínculo” policial
Si bien Adolfo López (ex comisario de la División Narcocriminalidad) no está vinculado a esta causa, extraoficialmente trascendió que en declaraciones de las primeras audiencias del juicio dejó entrever una presunta relación con Moyano. Esto ya había sido informado por este medio y ayer se supo que estos testimonios fueron por parte de un efectivo policial de la propia División, que trabajó junto a él y fue parte de la investigación.
Aún así, su nombre no figura en el expediente y, fuentes oficiales, descartaron que haya sido nombrado en el juicio o relacionado con los condenados, a pesar de que por esa época había sido investigado por Gendarmería Nacional, labor que tampoco pudo establecer ninguna conducta delictual en su proceder.

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