Conmoción en Río Gallegos: familiares de Nahiara Pérez denuncian salidas controladas del acusado por el crimen

El dolor que dejó el crimen de Nahiara “Pipi” Pérez en Río Gallegos nunca terminó de cicatrizar. Pero en las últimas horas, ese duelo volvió a mezclarse con el miedo. A través de publicaciones en redes sociales, familiares de la joven asesinada en marzo de 2025 denunciaron que el hombre imputado por el hecho —su propio hermano, según consta en la causa— estaría realizando salidas a la vía pública bajo custodia, una situación que, aseguran, los mantiene en estado de alarma permanente.

Los mensajes, cargados de angustia e indignación, se viralizaron rápidamente entre vecinos de la capital santacruceña. Allí, allegados a la víctima expresaron su temor ante la posibilidad de cruzarlo en la calle y plantearon dudas sobre las medidas de seguridad dispuestas. “La familia tiene miedo”, señalaron, en referencia no solo a su entorno directo sino también a la comunidad en general, según su mirada.

El joven acusado fue declarado imputable en el marco de la investigación judicial y se encuentra alojado desde hace alrededor de diez meses en el centro de salud mental de la ciudad, donde recibe tratamiento. De acuerdo con lo que describen los familiares, las salidas se realizarían con acompañamiento, bajo supervisión de personal de salud y custodia policial de civil, un esquema que forma parte de abordajes terapéuticos en determinados casos judicializados. Sin embargo, para la familia de Nahiara, esa modalidad resulta incomprensible frente a la gravedad del hecho que se le atribuye.

El crimen de “Pipi” Pérez marcó a fuego a Río Gallegos. La madrugada del jueves 20 de marzo de 2025, un llamado desesperado movilizó a personal de la Comisaría Quinta hacia una vivienda donde la joven fue hallada con heridas gravísimas, principalmente cortes en el cuello y en los brazos. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permaneció internada en estado crítico. En medio de la desesperación, familiares y amigos habían pedido dadores de sangre a través de redes sociales, en una cadena solidaria que conmovió a la ciudad. Días después, su fallecimiento fue confirmado por su madre con un mensaje que recorrió miles de pantallas y dejó una huella profunda en la comunidad.

Según la investigación, el principal sospechoso se presentó por sus propios medios en una dependencia policial poco después del hecho, con manchas de sangre en la ropa. La Justicia ordenó su detención, el secuestro de prendas y la realización de peritajes biológicos. Con el avance de la causa, se dispuso su alojamiento en un dispositivo de salud mental para evaluación y tratamiento, bajo control judicial.

Ahora, casi un año después, el eje del debate vuelve a correrse. Ya no se habla solo del horror de aquella madrugada, sino de cómo se gestiona la situación del imputado y de qué manera se resguarda a la familia de la víctima. En sus publicaciones, los allegados remarcan que sienten que no tienen garantías de seguridad y que el temor se extiende a niños y adolescentes del entorno familiar. También cuestionan el accionar judicial y sanitario, en un reclamo que mezcla dolor, bronca e impotencia.

Mientras la causa judicial sigue su curso y las decisiones sobre el imputado continúan bajo la órbita de la Justicia y los equipos de salud, el pedido de la familia es claro: sentirse protegida.