Cuatro años de prisión para un panadero que organizó la llegada de 15 kilos de marihuana a Río Gallegos

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó una condena de 4 años y 2 meses de prisión para José David Martínez, quien fue hallado culpable de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Lo que comenzó como una operación de envío de droga desde Misiones, terminó por exponer una red de narcotráfico que llegó hasta Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz.

La condena tiene un componente alarmante: la droga estaba destinada a nuestra ciudad, y su cantidad pone de manifiesto la magnitud del problema. 13.764 gramos de marihuana, equivalentes a más de 200.000 dosis, fueron enviados por medio de una encomienda desde El Dorado (Misiones) hasta Río Gallegos. A través del sistema de correo argentino, los traficantes utilizaron un vehículo de transporte y encomienda que, según los informes oficiales, fue interceptado por Gendarmería Nacional durante una inspección rutinaria.

El cargamento fue retirado en enero de 2021 por Martín Ariel González, quien, junto con Junior Ramírez, formaba parte de una red criminal que operaba en la zona. Sin embargo, la investigación posterior reveló que Martínez, un panadero de esta ciudad, también estaba involucrado en la distribución local de la droga. Según las pruebas presentadas en juicio, la marihuana tenía como destino la venta en las calles de Río Gallegos.

Además de la encomienda que traía la marihuana desde Misiones, en octubre de 2021, una nueva inspección en la vivienda de Martínez y su vehículo reveló otros 18 kilos de marihuana, que se encontraban listos para ser comercializados. El decomiso fue parte de una serie de acciones que involucraron registros en domicilios y vehículos, con la colaboración de fuerzas de seguridad y el uso de tecnología de interceptación de comunicaciones.

La condena de Martínez, que incluye también una multa de 47 unidades fijas, es una muestra de que el narcotráfico ha logrado penetrar más profundamente en el sur argentino, alterando la paz de comunidades que, hasta el momento, se consideraban alejadas de este flagelo. Los jueces señalaron que el delito fue agravado por la cantidad y el poder tóxico de la droga involucrada, lo que pone en evidencia los serios riesgos que este tipo de operaciones representa para la salud pública y la seguridad.