Denunció que le ocuparon la casa, pero la dueña asegura que no pagaba el alquiler: pelea, amenazas y presunta presencia de armas

Un conflicto habitacional estalló este sábado por la noche en Río Gallegos, cuando una mujer denunció que su vivienda había sido ocupada por la fuerza durante su ausencia. La disputa involucró a varias personas, generando tensión por amenazas y la presunta presencia de un arma de fuego.

Ante la gravedad de la situación, personal de la División Comisaría Segunda intervino en el domicilio ubicado en calle Provincias Unidas al 400, coordinando acciones para garantizar la seguridad de los ocupantes y de los menores presentes en el lugar.

El incidente se originó cuando una mujer, al regresar a su vivienda, denunció que un grupo de personas había ingresado por la fuerza al inmueble durante su ausencia, dañando una abertura y retirando pertenencias. Según su relato, fue obligada a permanecer afuera bajo amenazas. Por su parte, una de las mujeres presentes aseguró que el domicilio le pertenecía y justificó su ingreso debido a la falta de pago del alquiler por parte de la ocupante anterior.

En el lugar se encontraban alrededor de siete personas, entre adultos y menores, quienes se negaban a abandonar el inmueble. Ante la tensión y el riesgo de un posible enfrentamiento armado, se solicitó la intervención del Equipo de Negociación para situaciones de Crisis y de la División Fuerzas Especiales, quienes garantizaron la seguridad y abrieron un canal de diálogo.

Durante las negociaciones, que comenzaron cerca de las diez de la noche del sábado y las cuatro de la madrugada del domingo, los menores de edad fueron retirados del inmueble y quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que los entregó a familiares directos o responsables legales. Posteriormente, los adultos comenzaron a retirarse de manera progresiva, siendo identificados y trasladados a la comisaría para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes.

El Juzgado de Instrucción autorizó a una de las partes a pernoctar en la vivienda bajo acta de constatación y dispuso una consigna policial fija hasta nuevas instrucciones.

La intervención contó con la coordinación de la Superintendencia de Seguridad, la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur, asegurando que todas las acciones se desarrollaran bajo lineamientos judiciales, priorizando la seguridad de los involucrados, la protección de los menores y el orden público.