Maltrato infantil en Río Gallegos: desde golpes con un caño hasta ser obligados a comer su excremento

Uno de los casos más estremecedores de los que se recuerdan en la época reciente en Santa Cruz es el de la “casa del horror”, lugar donde un padre y su pareja sometían a un calvario inimaginable a los tres hijos de él.

El caso solo es comparable con otros más aberrantes que se registraron en el último tiempo, como el de Lucio Dupuy en La Pampa, el de Abigail Tortello en 2015 en nuestra ciudad capital, o el de AV este año en Las Heras.

Lo curioso es que en esas causas mencionadas solo había una víctima. La de la que se hablará en esta nota tiene un ribete distinto: dos nenes y una nena —todos menores de quince años— vivieron un infierno y hasta habían llegado a hacer un “pacto suicida colectivo” si algo les llegaba a pasar. Los tenían en condiciones deplorables y hasta los obligaban a comer su materia fecal como castigo.

Tal como lo informó La Opinión Austral de manera exclusiva, los acusados serán sentados en el banquillo el próximo siete de agosto, en las instalaciones de la Cámara Oral. Por el momento, solo trascendió que el presidente del tribunal será Joaquín Cabral, aunque no se sabe quiénes lo acompañarán.

Actualmente, Roxana V. y David F. —acusados y procesados por los delitos de lesiones graves y amenazas agravadas por el vínculo— tendrán la oportunidad de dar su versión de los hechos y desligarse, o no, de los delitos que les endilgó, en su momento, la jueza de instrucción penal, Marcela Quintana. Cabe remarcar que este diario se reservará los nombres completos de los acusados y el blureo de sus rostros con el fin de no revictimizar a las víctimas.

Fuentes judiciales indicaron que habrá querella adherente y representantes del área de la Defensoría de Niñez. En ese sentido, cabe recordar las declaraciones que Jorge Godoy, representante de la Defensoría, había dado a La Opinión Austral cuando salió a la luz el caso, a fines de 2021.

“Estos chicos no iban a la escuela en pandemia. Generalmente, los docentes son los primeros en detectar las cuestiones de maltrato. Estos chicos escaparon al ojo docente. Son chicos que tenían mucho pánico a contar algo, nunca el sistema pudo alcanzarlos“, expresó en diciembre de aquel año.

Godoy también detalló que “el hombre hacía changas, entonces estaba todo el día fuera de la casa, y la mujer hasta ese momento no trabajaba. Les pegaba a puño cerrado por todo el cuerpo, les pegaba con un cinturón, con un caño metálico”.

Todo salió a la luz cuando los dos hermanitos rompieron una tablet y temieron por sus vidas. Rápidamente, los dos hermanos varones huyeron por la ventana de la casa. Su hermanita tuvo pánico de escapar. Fueron directos a la comisaría a denunciar todo lo que pasaba.

“Cuando estos chicos, por el terror de que los mataran, decidieron escaparse, fueron a una comisaría pidiendo ayuda. Infancia los fue a retirar y rápidamente retiraron a la hermana”, comentó Godoy.

Los nenes se encuentran bajo el resguardo de una tía materna. Por aquellos días, su madre biológica había solicitado la tenencia de ellos, aunque no trascendió qué sucedió con ese pedido.

En un primer momento, los dos acusados fueron procesados por el delito de “lesiones graves y amenazas agravadas por el vínculo”. El artículo 90 del Código Penal Argentino establece que “se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud”.

De igual manera, la situación de los desalmados puede cambiar si alguna de las partes del debate con posibilidad de pedido de pena solicita un cambio de encuadre legal. Si se acredita que hubo un corrompimiento del normal desenvolvimiento social de los nenes, o si se tiene en cuenta el número de víctimas y que los potenciales delitos fueron realizados en concurso real, se podría hablar de penas que alcanzarían hasta los 20 años de prisión.

Un año después de conocido este caso, se incrementaron las penas por maltrato infantil en Argentina, pero V. y F. no podrían ser condenados por esas figuras debido al principio de ultractividad con el que se rige el Código Penal.