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Durante el mes de septiembre, la Dirección General de Policía Caminera, organismo dependiente de la Superintendencia de Policía de Seguridad de Santa Cruz, desplegó una intensa batería de operativos preventivos a lo largo y ancho del territorio provincial, cuyos resultados no solo reflejan la magnitud del trabajo de fiscalización, sino también las alarmantes conductas que persisten entre los automovilistas que transitan por el sur argentino.
El reporte oficial dado a conocer por las autoridades da cuenta de una labor exhaustiva y sistemática: a lo largo de los 30 días de septiembre se inspeccionaron un total de 5.661 vehículos y se identificó a 16.177 personas en los diversos puestos de control fijos y móviles apostados estratégicamente en las rutas santacruceñas. Sin embargo, detrás de la contundencia de estas cifras globales emergen datos que encienden luces de alerta en materia de convivencia urbana y responsabilidad vial.
Uno de los puntos más críticos del balance mensual se centra en la alcoholemia. A pesar de las reiteradas campañas de concientización y del rigor de la normativa vigente, los uniformados registraron 36 retenciones de conductores que circulaban con graduación alcohólica en sangre.
Según pudo saber La Opinión Austral, a este número se le suman 65 actas de infracción labradas por diversas contravenciones al Código de Tránsito y 20 retenciones vehiculares adicionales motivadas por faltas graves, tales como la ausencia de documentación reglamentaria, la falta de seguro obligatorio o deficiencias mecánicas sustanciales que ponían en riesgo la circulación de terceros.
El despliegue de las fuerzas provinciales sobre las rutas no se limitó únicamente a la verificación del estado de los vehículos y la sobriedad de los conductores. La incorporación de tecnología de datos permitió transformar cada retén en una herramienta de seguridad ciudadana integral. A través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una plataforma digital que cruza bases de datos judiciales en tiempo real a nivel nacional, los efectivos lograron detectar e interceptar a 16 personas que contaban con medidas judiciales vigentes.
Según pudo saber este diario, se trata de individuos sobre los que pesaban pedidos de averiguación de paradero, citaciones comparecientes o requerimientos de detención emanados por distintos tribunales del país, y que pretendían desplazarse por el territorio patagónico amparados en el anonimato del viaje por carretera.
Las autoridades de la Policía de Santa Cruz enfatizaron que estos procedimientos forman parte de una política de estado basada en la prevención activa, la disuasión del delito y la presencia constante en los accesos provinciales y las conexiones interurbanas.
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