La ciudad de Río Gallegos no sale de la conmoción tras conocerse un terrible caso de presunto abuso que tiene como acusado a un profesional de la salud y, como víctima, a un joven menor de edad que estaba a su cuidado al momento de los hechos.
Si bien la denuncia se realizó en julio, una vez que la Justicia recabó información y un plexo probatorio importante, dispuso la detención preventiva del acusado.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, el imputado que está a la espera del eventual procesamiento es un hombre de mediana edad, de profesión enfermero que prestaba funciones en el Centro de Salud Mental, emplazado en la esquina de Santiago del Estero y José Ingenieros de nuestra ciudad capital.
En ese lugar, donde el hombre trabajaba habría sido el lugar donde habría sometido a vejámenes sexuales a un paciente. Según pudo saber, el sobreviviente es un menor de edad que sufre una discapacidad y, a fines de julio es cuando comenzó a mostrar cambios de conducta y otros indicios que darían cuenta de las situaciones que les tocó vivir en manos de quien debía velar por su estado de salud.
La causa está en manos del Juzgado de Instrucción Penal N°1, a cargo de Marcela Quintana. La magistrado ordenó la detención del acusado, en un procedimiento que se hizo en su vivienda y fue ejecutado por el personal de la Dirección de Investigaciones (DDI).
Según pudo saberse, el allanamiento se hizo en una casa emplazada en la calle Profesora Marta Juárez de Saborido al 1300, en el corazón del barrio Procrear y arrojó resultados positivos. Además de la detención del acusado que luego fue trasladado a la Comisaría Tercera, por orden de la Justicia, el personal de la DDI secuestró su teléfono celular ya que podría contener información relevante para la causa.
El pasado 30 de agosto fue la detención del hombre y días después, el enfermero fue llevado a indagatoria. Ya declaró y se espera que, para el jueves próximo, surjan novedades sobre su potencial procesamiento.
La familia de la víctima acudió en busca de asesoramiento legal a los abogados Cristian Arel y Gabriel Bertorello.
Este diario conoció que, en la denuncia elevada al Poder Judicial y el plexo probatorio, hay agravantes que complicarían la situación del enfermero
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