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La terminal de ómnibus de Puerto San Julián se transformó en el epicentro de un meticuloso y sorpresivo operativo de seguridad. Entre las 23:00 y las 03:00 de la madrugada, el incesante recambio de pasajeros que transitan las rutas del sur se topó con un despliegue táctico que dejó un saldo contundente: lo que inició como un control preventivo contra el narcotráfico terminó revelando que los pasillos de la estación funcionaban como zona de tránsito para cinco personas con deudas pendientes en tribunales de casi todo el país.

El accionar estuvo a cargo del personal de la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián, área dependiente del Departamento de Investigación de Delito Organizado de la Zona Centro y de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. La estrategia operativa fue clara desde el primer minuto. Con el apoyo fundamental de canes detectores, adiestrados específicamente para marcar la presencia de sustancias ilícitas, los efectivos procedieron a inspeccionar minuciosamente el sector de paquetería, las bodegas de equipaje y a los propios viajeros que descendían o abordaban las unidades de larga distancia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el objetivo primordial radicó en mantener una presencia activa en los nodos de transporte que conectan a la provincia con el resto del territorio nacional. En este sentido, fuentes oficiales destacaron que las tareas preventivas en la lucha contra el narcotráfico requieren de estos bloqueos sorpresivos, ya que las terminales terrestres continúan siendo uno de los canales elegidos para el movimiento de estupefacientes bajo la modalidad de encomiendas o mulas.

Un can durante uno de los controles. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Pero el resultado de la madrugada demostró que la seguridad no solo pasa por el olfato de los canes, sino por la conectividad de los sistemas informáticos. Durante las cuatro horas que duró el procedimiento, los agentes identificaron a un total de ciento ochenta y seis pasajeros. Cada documento nacional de identidad fue celosamente cruzado con la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, conocido por sus siglas como SIFCOP. Esta herramienta, que enlaza en tiempo real los requerimientos de todos los juzgados del país, fue la pieza clave para que saltaran las alertas.

La frialdad de los datos arrojados por el sistema configuró un mapa delictivo que abarcó desde el extremo norte hasta el fin del mundo. Las autoridades procedieron a la notificación inmediata de cinco individuos sobre los cuales recaían diversas medidas restrictivas de libertad. El abanico de delitos y jurisdicciones resultó verdaderamente llamativo para los investigadores, confirmando que la traza de la Ruta 3 es un corredor de escape frecuente.

Según pudo saber La Opinión Austral, entre los demorados se identificó a un hombre mayor de edad que era intensamente buscado por la Unidad Fiscal Descentralizada de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, al contar con un pedido de captura vigente por el delito de robo en grado de tentativa y hurto de automotor. Minutos más tarde, el sistema arrojó una nueva alerta sobre otro pasajero masculino, esta vez solicitado desde el extremo sur: el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ushuaia, Tierra del Fuego, requería su paradero en el marco de una causa por lesiones leves.

La lista de notificados continuó engrosándose con el correr de la madrugada. Una ciudadana fue interceptada a pedido del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la turística localidad de El Calafate, acusada del delito de turbación en la posesión. Asimismo, el brazo de la justicia federal porteña se hizo sentir en la terminal santacruceña cuando se identificó a un hombre con pedido de paradero emanado por el Tribunal Oral Federal de la Capital Federal, involucrado en una causa de defraudación por retención. Finalmente, el caso que mayor distancia geográfica evidenció fue el de una mujer requerida por el Juzgado de Garantías Número 8 de la provincia de Salta, quien mantenía una causa abierta bajo la figura de flagrancia por tenencia de estupefacientes.

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